La Corte de Constitucionalidad suspende decisión de Morales
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad suspendió el miércoles la decisión unilateral del presidente Jimmy Morales de cancelar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tras nueve horas de deliberaciones.
La CICIG, un organismo de las Naciones Unidas, investiga aparatos clandestinos y de seguridad que generan corrupción e impunidad dentro del Estado guatemalteco. Desde hace más de una década opera bajo un acuerdo bilateral en Guatemala, donde ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas.
La CC dio a conocer la decisión horas después de que los funcionarios internacionales de la comisión abandonaran el país porque, según indicaron, el Estado guatemalteco no garantizaba su seguridad.
En su fallo, la Corte señaló que, tras conocer cinco amparos contra la decisión de Morales, ordenó “dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral” el acuerdo para el establecimiento de la CICIG.
Las autoridades indicaron en un comunicado que aún no han sido notificadas del fallo, pero que en cuanto reciban la notificación será analizada y evaluada y “se dará a conocer la postura oficial del gobierno”.
Horas más tarde, la Corte Suprema de Justicia decidió tramitar una solicitud de retiro de inmunidad contra tres magistrados de la CC, por considerar que podrían haber violado la Constitución al interferir en decisiones presidenciales en el manejo de la política exterior.
La solicitud fue hecha por un grupo de abogados identificados como Dignatarios de la Nación, que aseguran que los magistrados Bonerges Mejía, Gloria Porras y José Francisco de Mata Vela habrían interferido con sus fallos en temas de política exterior, asunto que solo le compete al presidente.
“La Corte de Constitucionalidad se excedió en cuanto a sus funciones”, dijo Mario Siecavizza, vocero de la CSJ, al explicar el fallo, e indicó que los magistrados habrían actuado en forma contraria a derecho.
Los abogados solicitantes han acusado a la CC porque ésta frenó la decisión de Morales de expulsar del país al embajador sueco Anders Kompass. El gobierno dijo que el embajador habría llamado corrupta a toda la sociedad guatemalteca en un acto público donde anunció una donación millonaria a la CICIG. Sin embargo, ésas no fueron las palabras del diplomático.
"Es cierto que (decir que) la cultura es mala no está muy lejos de decir que la gente es mala, y no creo que sea correcto. Ni tampoco es un buen incentivo para alcanzar los cambios. Por eso es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas y disfuncionales y no la gente", dijo entonces Kompass.
La comisión mantiene diferencias con la presidencia de Guatemala después de que, en conjunto con la fiscalía, solicitara enjuiciar al hijo y al hermano del presidente por el uso de documentos y facturas para la compra de canastas navideñas de una institución pública que se pagaron pero no se entregaron, y por solicitar el retiro de la inmunidad a Morales para que fuese investigado por presuntos delitos electorales del partido que lo llevó al poder en 2015.
Stephane Dujarric, vocero de la ONU, dijo que el organismo internacional no comentaría en torno al fallo de la CC, llamándolo “una cuestión legal interna”. E indicó que el manejo de la comisión, incluido el retorno de su personal, depende de su director Iván Velásquez.
Dujarric indicó que el secretario general Antonio Guterres ha explicado claramente que la ONU espera que el gobierno de Guatemala respalde su compromiso para que la comisión siga trabajando hasta septiembre de 2019, y que eso incluye “asegurar la seguridad de todo su personal”.
Morales ha desobedecido fallos judiciales que previamente ampararon a funcionarios de la CICIG, como cuando su gobierno intentó retirarles las visas o prohibió a Velásquez entrar al país, aduciendo que la constitución le otorga el manejo de la política exterior.
En su fallo la Corte de Constitucionalidad reconoció que sobre el presidente recae el manejo de la política exterior guatemalteca, pero indicó que la Constitución creó a la CC para que protegiera los principios de supremacía y rigidez de la carta magna, “y como tal, al poder público dentro del límite de las facultades que la ley suprema le atribuye”.
Añadió que el mandato de la CICIG se encuentra vigente, pues fue el mismo Morales en 2016 quien firmó su extensión hasta septiembre de 2019.
Morales canceló el mandato de la comisión el lunes, medida que le valió duras críticas en su país y en la comunidad internacional, en la que varias naciones consideraron que la decisión pone en riesgo la lucha contra la corrupción y la impunidad en la nación centroamericana.
El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo a The Associated Press que las autoridades están obligadas a obedecer y cumplir el fallo de la CC.
“Si no cumple es otra cosa y ya sería un golpe de Estado, porque la piedra angular del Estado de derecho es el respeto de las resoluciones judiciales”, señaló.
El fallo de la CC fue por cuatro votos a favor y uno en contra, el de su presidenta Dina Ochoa, designada por Morales.
Minutos después de emitido aparecieron al menos cuatro carteles en varios puntos de la ciudad en los que se veían los rostros de los cuatro magistrados con la leyenda “Traidores a la Patria”.
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El periodista Sonny Figueroa colaboró en este despacho.
