Autoridades de EEUU no retienen a quienes piden asilo
SAN DIEGO (AP) — El gobierno dispuso la detención de las personas que piden asilo tras cruzar la frontera ilegalmente, pero el servicio de inmigración no solo no las retiene, sino que las libera lo más rápidamente posible porque no está en condiciones de alojarlas mientras se realizan los trámites burocráticos de rigor.
Desde fines de octubre, el gobierno ha estado liberando a estas personas tan rápidamente que no tienen tiempo de hacer planes de viaje. A las familias a menudo se les fija una audiencia sin haber pasado siquiera la primera entrevista que se le hace a quienes solicitan asilo. Con frecuencia terminan en refugios de organizaciones caritativas o son dejados en terminales de autobuses de ciudades de la frontera.
En el caso de una familia salvadoreña, la serie de vertiginosos eventos comenzó cuando Yariza Flores, de siete años, se lastimó con un alambre de púas al tratar de ingresar ilegalmente al país el mes pasado. La llevaron de urgencia a un hospital porque sangraba profusamente.
Apenas cuatro días después, las autoridades la dejaron en un refugio de San Diego con sus padres y su hermanito de tres años. No tenían dinero, solo alguna ropa en sus mochilas y la orden de presentarse ante un tribunal de inmigración en Houston, donde pensaban ir porque allí viven la abuela de Yariza y dos tías. No tuvieron tiempo de arreglar para que sus parientes les comprasen los pasajes de autobús antes de ser liberados.
“Me alegro de que finalmente estemos aquí, de que finalmente puedo ver a mi familia”, expresó la madre de la niña, Tania Escobar, en el comedor de un refugio donde les sirvieron fajitas de pollo, arroz y frijoles. Su hija se sentó cerca suyo, sonriente, luciendo una corona plateada que le había dado un agente de la Patrulla de Fronteras y sosteniendo un animalito de juguete que le dio un médico que la vio por los cortes que sufrió en la espalda, a la altura de la cintura.
Desde California hasta Arizona y Texas, voluntarios se afanan por ayudar a estas familias hasta que pueden hacer arreglos para encontrarse con parientes en distintos puntos del país. La Red de Respuestas Rápidas (Rapid Response Network) de San Diego, una coalición de activistas que administra el refugio donde estuvieron Yariza y su familia, ha asistido a más de 4.000 personas desde que comenzó a funcionar en una iglesia a fines de octubre del año pasado. Desde entonces cambió de sede cinco veces porque no tenía suficiente espacio.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE, sus siglas en inglés) a menudo coordina sus actividades con estos refugios. La noche de diciembre en que llegó Yariza, el ICE trajo 125 personas en autobuses que llegaban cada media hora. Una noche de fines de diciembre, el refugio recibió 180 personas y tuvo que alojar a algunas en una iglesia.
El actual estado de cosas contradice la afirmación del presidente Donald Trump de noviembre en un tuit, cuando dijo que la política de “’capture y libere’ era un término obsoleto. Ahora es ‘capture y detenga’“
El gobierno dijo el 20 de diciembre que a partir de ese momento las personas que piden asilo deberían esperar en México que se procesen sus solicitudes, algo que puede tomar años ya que el sistema inmigratorio estadounidense no da abasto. Pero la política de “capture y detenga” no ha entrado en vigor todavía porque está a la espera de que los dos países coordinen las tareas. Y es previsible que surjan cuestionamientos legales.
Es así que, al menos por ahora, muchas familias que piden asilo son liberadas en Estados Unidos antes de que estén preparadas para ello. El ICE dejó diariamente a cientos de personas en una terminal de autobuses de El Paso, Texas, durante las festividades de fin de año. En Tucson, Arizona, organizaciones caritativas apelaron a moteles cuando sus refugios quedaron colmados.
El ICE empezó a acortar la detención de migrantes el 23 de octubre ante la creciente cantidad de familias que cruzaban la frontera desde México. Funcionario dicen que antes de hacerlo el ICE se aseguraba de que las familias tenían planes de viaje aunque no están obligados por ley a hacerlo.
“Luego de décadas de parálisis del Congreso, el gobierno tiene muchas limitaciones para detener y enviar de vuelta a las familias que no tienen bases legales para permanecer en Estados Unidos”, declaró la portavoz del ICE Sarah Rodríguez. “Como consecuencia de ello, las familias siguen cruzando la frontera en grandes cantidades y probablemente sigan haciéndolo, ya que no enfrentan consecuencia alguna por sus acciones”.
En el refugio de San Diego, las familias que piden asilo, la mayoría de ellas de Guatemala y Honduras, responden preguntas sobre su salud y una clínica ambulante en un estacionamiento atiende a las personas con gargantas irritadas, deshidratación, vómitos, fiebre y otros males.
Una vez adentro, en un gran salón lleno de voluntarios, se tiene la sensación de que se está en una agencia de viajes. Las familias hacen cola frente a mesas en las que les dicen a los voluntarios cuáles son sus planes y se les da la oportunidad de llamar a sus parientes para que les manden pasajes. Un tablero en una esquina refleja los progresos hechos en la compra de pasajes a Nueva York, Nashville, Austin (Texas) y otras ciudades de todo el país. Los voluntarios llevan toda la gente que pueden a una terminal de autobuses o al aeropuerto para dar cabida a los migrantes que llegarán por la noche.
Personal del refugio dice que cuesta 350.000 dólares mensuales mantener el sitio funcionando. El refugio ofrece comida, duchas, catres, ropa y a veces ayuda con los gastos de viaje. El estado de California donó 500.000 dólares de su presupuesto administrativo y la municipalidad de San Diego podría usar un antiguo centro de detención juvenil como refugio.
“No lo podemos hacer todo nosotros, pero sabemos que podemos hacer más de lo que estamos haciendo”, expresó el nuevo gobernador de California Gavin Newsom luego de visitar el refugio en noviembre, como gobernador electo. Dijo entonces que había una “crisis humanitaria”.
Kate Clark, abogada de inmigración que trabaja con el Servicio de Familias Judías de San Diego, dijo que ese refugio recibió gente muy joven, incluido un bebé de dos días. Algunos migrantes llegan descalzos. Una mujer malnutrida pesaba apenas 36 kilos (80 libras). Hasta ahora, nadie fue dejado librado a su suerte, sin un centavo en el bolsillo, en las calles de la ciudad, pero dice que “todas las noches estamos cerca” de tener que hacerlo.
Pedro Mateos, quien le escapó a la violencia de Guatemala en las zonas montañosas del oeste del país, estuvo dos días bajo la custodia de la Patrulla de Fronteras por escalar un muro desde Tijuana, México, hasta que se lo liberó con la orden de presentarse ante un juzgado de inmigración en la Florida, donde piensa vivir con una tía.
“No podemos volver a nuestro país”, dijo Mateos, quien tiene 37 años, mientras tomaba un café. “No podemos”, insistió.
La odisea de la familia de Yariza comenzó cuando pandillas mataron a su tío abuelo y amenazaron a su abuela, dándoles a sus padres 24 horas para irse de la ciudad portuaria de La Libertad. Su madre, Escobar, de 25 años, dijo que ella y su marido decidieron que no podían correr el riesgo de quedarse.
La familia no quería esperar semanas o meses en Tijuana a que las autoridades estadounidenses procesasen su pedido de asilo, de modo que cruzaron la frontera ilegalmente.
La familia tomó un taxi en un remoto sector montañoso y planeaba entregarse a la Patrulla de Fronteras. La búsqueda de un agente cobró urgencia por las heridas sufridas por Yariza al escalar el muro.
“Estábamos desesperados”, dijo Escobar. “Con la ayuda de Dios, conseguiremos lo que buscamos, el asilo”.
