Temen retrocesos en lucha anticorrupción en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Durante 11 años, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigó las entrañas del Estado en busca de esquemas de corrupción y las complicidades que la permitían, lo cual resultó en casi 700 personas bajo proceso, incluido un expresidente.

Ahora, sin embargo, existe el temor de que el combate a la corrupción en la nación centroamericana sufra un retroceso tras el anuncio del presidente Jimmy Morales de poner fin a la operación de la CICIG, un organismo de las Naciones Unidas elogiado a lo largo del hemisferio por atreverse a realizar investigaciones que tocaron a las más altas autoridades.

Pero las tensiones escalaron a tal nivel que la Comisión decidió el martes retirar a todo su personal internacional y le ordenó salir del país tras considerar que no se aseguraba su seguridad e integridad. Dijo que, incluso, el gobierno retiró los permisos de portación de armas de fuego que sus funcionarios utilizaban para protección.

“Ante los riesgos derivados de los hechos de ayer (cuando Morales anunció el retiro de la comisión y su canciller Sandra Jovel dio un plazo de 24 horas para que los funcionarios de CICIG salieran del país) se ha puesto en marcha el plan de contingencia... y se ha solicitado al personal internacional que salga del país hasta nuevo aviso”, dijo Matías Ponce, portavoz de la comisión.

La noche del martes, unas 100 personas se manifestaron en contra de la comisión y quemaron petardos en la sede del organismo para celebrar la salida de los funcionarios y el anuncio del presidente Morales.

Más tarde, entre consignas de “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!” dirigidas a Morales y con una pancarta con la leyenda “Me niego a vivir en una dictadura”, unos 300 manifestantes se reunieron fuera de la Corte de Constitucionalidad.

Bajo el argumento de que se había extralimitado en sus funciones, el presidente guatemalteco anunció el lunes el fin del acuerdo de creación y operación de la comisión, el cual firmó en 2006 con la ONU. Uno de los casos más recientes dela CICIG fue precisamente investigar a Morales por presunto financiamiento ilegal durante su campaña, lo cual ha llevado a varios de sus críticos a considerar que el mandatario tomó esa decisión para evitar que avance la indagatoria en su contra.

“Una salida prematura de la CICIG impactaría el desarrollo de los casos complejos de corrupción en marcha, resultarían en un retroceso de todos los avances logrados, y el reacomodo y toma o cooptación total de estado por parte de las redes ilícitas y mafias de corrupción”, dijo Adriana Beltrán, coordinadora del área de seguridad de la Washington Office on Latin America (WOLA), una organización con sede en Washington que promueve la defensa de los derechos humanos en el hemisferio.

Y en principio, el martes se vieron las primeras repercusiones: abogados de la CICIG no asistieron a audiencias judiciales programadas de casos de alto de impacto, entre ellas una sobre la investigación del pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht y otra por el proceso por financiamiento electoral ilícito contra el excandidato presidencial Manuel Baldizón, preso en EEUU por lavado de dinero.

El gobierno de Guatemala dio un plazo de 24 horas, que se vence la tarde del martes, para que abandonaran el país los miembros de la CICIG, a cuyo titular, el abogado colombiano Iván Velázquez, ya le habían negado la entrada desde hace semanas.

En conferencia de prensa en las Naciones Unidas, Stephane Dujarric’s, vocero del secretario general de la ONU António Guterres, dijo más temprano que desconocía la ubicación específica de los integrantes de CICIG y se limitó a señalar que el gobierno de Guatemala tiene la responsabilidad de “asegurar la seguridad de los funcionarios y de la protección de sus instalaciones”.

Algunos sectores, como los empresarios, han mostrado su apoyo a la decisión presidencial. Sin embargo, la oposición a la decisión de Morales sigue creciendo. Organizaciones civiles nacionales e internacionales, además de congresistas estadounidenses, han manifestado su rechazo.

Los gobiernos de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido, la Unión Europea, Noruega y los Países Bajos, expresaron su preocupación en un comunicado.

“Es importante que el gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la separación de poderes” y reiteraron su apoyo a la lucha contra la corrupción e impunidad y el respeto a los derechos humanos.

La organización Transparencia Internacional criticó la determinación de Morales y dijo que la CICIG ha logrado “éxitos significativos” en importantes casos.

En su más reciente informe de actividades, la CICIG señaló que junto con la Fiscalía guatemalteca había logrado iniciar procesos penales a más de 680 personas, de las cuales 310 habían sido condenadas.

Uno de los casos más relevantes llevó a la detención del expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció a su cargo en 2015 luego de que los investigadores lo señalaran de una millonaria defraudación aduanera y otros delitos de corrupción. Junto a Pérez Molina renunció la mayoría de su gabinete que también fueron procesados por diversos delitos. Pérez Molina está detenido esperando su juicio.

En una declaración publicada el lunes, el senador estadounidense Patrick Leahy, vicepresidente del Comité de Apropiaciones del Senado, condenó la decisión de Morales y dijo que habrá consecuencias por tal decisión.

“El presidente Morales y aquellos en su gobierno que defienden tales actos ya no son bienvenidos aquí. Hasta que revierta el curso o sea electo un nuevo presidente que tenga integridad y que ponga los intereses de los guatemaltecos primero, la asistencia para el Gobierno de Guatemala será suspendida de acuerdo con la ley de EE. UU.”, dijo Leahy.

Según analistas la Corte de Constitucionalidad (CC), el más alto órgano de justicia en el país, es la única instancia que podría frenar las decisiones de Morales, sin embargo este ya ha desobedecido la órdenes judiciales, aduciendo que la ley le permite “no obedecer órdenes ilegales”.

El martes sumaban ya ocho amparos solicitados por distintas entidades y abogados aduciendo que la decisión presidencial es ilegal. La CC dio trámite a los recursos y solicitó informes a las entidades. Un abogado más gestionó el retiro de la inmunidad de Morales por violaciones a la constitución. La Corte convocó a una sesión la noche del martes y se espera que resuelva en algunas horas.

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La periodista Jennifer Peltz contribuyó en este despacho desde Naciones Unidas y el periodista Sonny Figueroa en Guatemala.