Fiscal general de Perú remueve a equipo del caso Odebrecht

LIMA (AP) — El fiscal general Pedro Chávarry removió cuatro horas antes del Año Nuevo al equipo que investigaba a la élite política vinculada al caso Odebrecht, desencadenando el rechazo del presidente Martín Vizcarra, de fiscales de alto rango y de la población, que por la noche salió a manifestarse en diferentes ciudades de Perú.

"He visto necesario dejar sin efecto la designación de Rafael Vela como fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato y al fiscal provincial José Domingo Pérez”, dijo Chávarry en una inusual conferencia de prensa donde no se admitieron preguntas. Hace una semana Pérez acusó al controvertido fiscal general del supuesto delito de encubrimiento, un hecho inédito en la historia de la fiscalía peruana.

La investigación Lava Jato (“Lavado de Autos”) es una amplia pesquisa de corrupción que alcanzó a políticos y empresarios en Brasil y sacudió profundamente a ese país.

Chávarry justificó la remoción porque Pérez cuestionó en octubre su elección como fiscal general, lo cual “no solo afecta mi persona sino a la autonomía del Ministerio Público; esta conducta fue avalada por el coordinador Vela”.

Al igual que en otras naciones de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado a toda la élite política actual, luego de que la constructora brasileña reconoció que repartió múltiples sobornos con tal de obtener jugosos contratos gubernamentales. La fiscalía investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 a 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Vizcarra adelantó su retorno desde Brasil, donde había viajado para participar en la juramentación del nuevo presidente de ese país, Jair Bolsonaro, el 1 de enero.

“La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es una política prioritaria de gobierno”, afirmó Vizcarra en Twitter.

Por su parte, dos de los cinco fiscales supremos indicaron que la decisión de Chávarry era “un golpe mortal” a la lucha anticorrupción y lo instaron a retractarse.

Pese a las fiestas de fin de año, la remoción _que truncó próximos interrogatorios y la entrega de pruebas clave de autoridades de la constructora con las que se acusaría a poderosos exfuncionarios peruanos_ provocó manifestaciones de cientos de ciudadanos en Lima, Huancayo, Arequipa y Cusco. Los peruanos coreaban “¡fuera Chávarry!” y llevaban banderas de Perú que tenían impresas en tinta negra el rostro de los populares fiscales removidos por el máximo jefe del Ministerio Público.

La remoción de los fiscales pone “en peligro” el acuerdo con la constructora, con los colaboradores eficaces; los 40 casos bajo investigación pueden romperse, dijo Jorge Ramírez, procurador estatal del caso Odebrecht, en declaraciones a la radio RPP.

“Esto no es causar zozobra sino ser objetivos... temo que la empresa brasileña retroceda porque no va a tener garantías de lo que se había logrado con los fiscales Vela y Pérez”, agregó.

Chávarry también ha sido cuestionado porque supuestamente no alcanzó el puntaje mínimo para llegar al cargo máximo del ministerio público, e incluso Vizcarra le pidió por la mañana que mantuviera en sus puestos a los fiscales removidos.

El fiscal general, que además está señalado de formar parte de una red criminal que torcía la justicia a cambio de favores o dinero, mantuvo serias discrepancias con los fiscales del caso Odebrecht. Por la tarde pidió protección para su domicilio y familiares porque supuestamente recibió amenazas.

Pérez investigaba a la opositora Keiko Fujimori por supuestamente lavar 1,2 millones de dólares de la constructora que habrían ingresado a su campaña presidencial de 2011. La líder del Partido Fuerza Popular está presa de forma preventiva por 36 meses debido a las investigaciones de Pérez, quien se ha convertido en un fiscal popular en Perú.

El fiscal provincial también indagaba al expresidente Alan García (2006-2011) por supuestamente haber recibido 100.000 dólares de Odebrecht y había logrado que un juez prohíba salir de Perú al exmandatario.

Pérez retornó por la noche a su despacho para resguardar la documentación de los casos que investiga, y dijo luego a periodistas: “me siento indignado, decepcionado. Es una decisión irregular; se afecta la lucha anticorrupción”.

El acuerdo que los fiscales removidos alcanzaron con la constructora iba a permitir que en la segunda semana de enero la constructora entregara pruebas y declaraciones clave, principalmente en contra de Fujimori y García.