Absuelven activista indígena argentina en un juicio
BUENOS AIRES (AP) — La activista indígena Milagro Sala, líder de la agrupación social argentina Tupac Amaru, fue absuelta el jueves en un juicio en el que estaba acusada de haber contratado a dos sicarios para asesinar a un hombre, aunque seguirá detenida en el marco de otras investigaciones judiciales.
Sala fue absuelta por un tribunal en el juicio en el que estaba imputada de haber contratado en 2007 a dos ex miembros de su organización para asesinar a un activista con el que estaba enfrentada en San Salvador de Jujuy, a unos 1.300 kilómetros al norte de Buenos Aires. La mujer estaba imputada de ser coautora del intento de "homicidio agravado por precio o promesa”.
Elizabeth Gómez-Alcorta, abogada de Sala, dijo en su cuenta de Twitter que la absolución fue “por unanimidad” de los tres integrantes del Tribunal Criminal 2 de Jujuy y cuestionó el “trámite de esta vergonzosa causa armada”.
El tribunal consideró que no había pruebas suficientes para declarar culpable a la activista indígena, aliada cercana de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández (2007-2015). La fiscalía había solicitado 12 años de prisión para Sala, a quien acusó de haber ordenado el crimen -que no se ejecutó- a cambio de una casa de su propiedad.
La polémica activista seguirá bajo detención domiciliaria, acusada de otros delitos. En otro juicio que comenzó en su contra, Salta está acusada de supuestos fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión, para lo cual la fiscalía solicitó una pena de 22 años de cárcel.
Sala está acusada de haber administrado irregularmente el dinero que recibió durante la presidencia de Fernández para la construcción de viviendas para personas de menores ingresos en la provincia de Jujuy. La activista social negó los cargos y se declara una perseguida política.
El caso de Sala ha sido motivo de fuertes cruces entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y un sector de la oposición liderada por la expresidenta Fernández que considera que la activista es una “presa política”.
La dirigente fue arrestada el 16 de enero de 2016 acusada de incitación a la violencia durante una protesta contra las autoridades locales en Jujuy y luego quedó bajo arresto en el marco de otras investigaciones.
En 2017 obtuvo detención domiciliaria por el deterioro de su salud luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una misión a Jujuy para constatar su estado. La justicia provincial jujeña ordenó poco después su regreso a la cárcel, pero la CIDH reclamó a fines de ese año que la dirigente social cumpliera de forma efectiva la prisión domiciliaria.
