Ortega sigue tratando a disidencia con mano dura

MANAGUA (AP) — En solo una semana, el presidente nicaragüense Daniel Ortega consolidó la reputación autoritaria de su gobierno al allanar oficinas de algunos de los pocos disidentes que quedaban y expulsar a monitores internacionales que documentaban los reportados abusos de su gobierno.

Las redadas contra las más prominentes organizaciones no gubernamentales del país y el allanamiento de las oficinas de medios noticiosos independientes - Confidencial y 100% Noticias - enviaron un claro mensaje: de que nadie, especialmente ex camaradas sandinistas, estaban a salvo de operativos contra disidentes luego de una ola de protestas que iban cada vez más dirigidas a derrocar al presidente de 73 años.

Al menos 325 personas han muerto desde que comenzaron las protestas a mediados de abril y fueron sofocadas violentamente. Unas 565 personas han sido encarceladas, de acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que también fue allanado. Muchas de estas personas han sido acusadas de terrorismo, cargos que conllevan sentencias de décadas de cárcel. Miles de personas han abandonado el país en auto exilio.

“Todos los nicaragüenses estamos expuestos a que nos fabriquen cargos de leyes que ellos han fabricado para eso”, dijo el fundador de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, enfrente de la corte de Managua.

Chamorro administró durante años el periódico sandinista La Barricada y su madre Violeta Barrios de Chamorro fue inicialmente parte de la junta sandinista de gobierno cuando el sandinismo llegó al poder. Pero ella luego abandonó el sandinismo y eventualmente se lanzó a la presidencia, derrotando a Ortega en 1990.

La vicepresidenta Rosario Murillo - quien es esposa de Ortega y también controla las comunicaciones del gobierno - rechazó un pedido de entrevista con ella u Ortega. Pero la semana pasada hizo indirecta a Chamorro y otros "traidores" en un evento con la policía.

“Desgraciadamente en nuestro país a lo largo de la historia hemos conocido nombres y apellidos que se repiten en el afán de traicionar a la patria”, dijo Murillo. “Vamos a fortalecer la paz y la seguridad todos los días, aquí los traidores a la patria no tienen cabida”.

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La nueva ola de operativos de mano dura comenzó hace más de una semana, cuando legisladores leales a Ortega en el Congreso anularon el estatus legal a nueve organizaciones, argumentando que ellos apoyan lo que el gobierno ha calificado de conato de golpe de estado, una referencia a las manifestaciones.

La policía allanó las oficinas de los grupos el 13 de diciembre por la noche, incautando computadoras y muchos documentos. Regresaron la siguiente noche y ocuparon las instalaciones.

Se pudo ver a policías con rifles viendo televisión en las oficinas de Confidencial, mientras que el personal del medio mantenía el sitio web actualizado desde cuartos de hotel, sus casas y eventualmente un lugar secreto donde reorganizaron su sala de redacción.

"El problema es que las instituciones que está atacando son símbolo de la fortaleza de la sociedad civil", dijo Manuel Orozco, asociado de la institución académica Diálogo Interamericano en Washington. Ortega pensó que él podía tener el control a través de partidos políticos, pero este movimiento de oposición ha derivado de la sociedad civil.

Cuando Chamorro fue a la sede de la policía el 15 de diciembre para averiguar qué orden avalaba el allanamiento de sus oficinas, policías antimotines lo sacaron a él y sus trabajadores a empujones y al menos uno de sus reporteros resultó lastimado con patadas y golpes.

La policía antimotines resaltó de nuevo dos días después, cuando Chamorro y su esposa entraron tomados de la mano a la corte para pedir alivio judicial.

“Como seres humanos evidentemente tenemos miedo de ser aplastados por un régimen que hasta ahora se ha impuesto por la fuerza y el terror”, dijo Chamorro. Destacando a su padre, periodista y héroe nacional asesinado en 1978 por la dictadura de Somoza, quien luego fue derrocado por los sandinistas, Chamorro dijo que cada persona es el artífice de sus propios temores.

“Todos los ciudadanos tenemos que aprender a administrar el miedo y a vencerlo y mostrar que las ideas no se pueden matar y tampoco se pueden matar las ideas matando a periodistas”.

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Chamorro no es el único ex sandinista que ahora está en la mira de Ortega. Muchos intelectuales y personalidades claves que participaron en los primeros gobiernos sandinistas han abandonado el sandinismo a través de los años, acusando a Ortega de tomar un rumbo autoritario.

Vilma Núñez, presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, fue vicepresidenta de la Corte Suprema en el primer gobierno sandinista de Ortega, en 1979, y durante los primeros años de su carrera se dedicó a defender a sandinistas perseguidos por el régimen de Somoza.

Pero la semana pasada, ella circuló una grabación de audio diciendo que la policía había rodeado su oficina y ella pensaba que ellos iban a entrar a la fuerza. Así lo hicieron y ahora el centro, conocido por sus iniciales en español como Cenidh, se está reorganizando en un lugar clandestino.

“Ellos creen que acabar con organizaciones beligerantes que no se callan de derechos humanos, van a silenciar las voces de protesta que se mantienen”, dijo Nuñez. Cenidh ha estado documentando abusos de policías y paramilitares desde que comenzó la violencia en abril.

Pero en el caso de Cenidh, también podría ser personal. Núñez representó a Zoilamérica Narváez, hija de Murillo e hijastra de Ortega, quien acusó a Ortega de violarla y abusarla sexualmente de niña. Al principio, no se pudo presentarle cargos a Ortega debido a la inmunidad que tiene como miembro del Congreso nicaragüense. Ortega renunció a esa inmunidad luego que sus abogados le dijeron que el tiempo límite para presentar cargos había expirado.

“Daniel Ortega, como tiene la mentalidad de que todo le pertenece, él cree que todo el que fue o estuvo participando en la Frente Sandinista es su propiedad y por eso a todo el mundo se considera traidores”, puntualizó Núñez.