La intervención militar en Rio concluye con pocos resultados

RIO DE JANEIRO (AP) — Pese a que prometía levantarse como un freno a la violencia en el principal centro turístico de Brasil, la intervención militar en Rio de Janeiro concluye cuestionada y con escasos resultados.

El 16 de febrero, cuando la medida fue decretada por el presidente Michel Temer luego de un carnaval marcado por una ola de asaltos y episodios de violencia, el impopular mandatario soñaba con que podría convertirse en su carta ganadora y plataforma para la reelección.

Pero a pocos días del final -concluirá el 31 de diciembre- los militares se preparan para retirarse en un escenario que no está a la altura de las expectativas alimentadas principio de año.

“Cumplí todas las metas, puedo no haber alcanzado el 100% en cada una. El primer objetivo era disminuir gradualmente los índices de criminalidad”, dijo el interventor, general Walter Braga Netto, en una entrevista al diario O Globo a medidos de diciembre.

Aunque los militares han presentado el balance de la intervención como un éxito de gestión, los índices plantean reparos sobre su eficacia.

Entre enero y noviembre de este año comparado con el mismo período del año anterior los asaltos a mano armada se redujeron 29%, los robos de carga 23%, los homicidios cayeron un 6% y los robos de vehículos un 3%, según datos del Instituto de Seguridad Pública que depende del gobierno de Rio de Janeiro.

Sin embargo, varios indicadores empeoraron o se mantuvieron prácticamente constantes pese a un desembolso en seguridad que el último día de la intervención habrá llegado a cerca de unos 250 millones de dólares y a un número récord de operaciones policiales -alrededor de 700- sostenidas por el ingreso extraordinario de recursos debido a la intervención.

El registro de violaciones creció 7%, los robos de calle 4% y los arrebatos apenas cayeron 1% respecto del año anterior.

El indicador que más ha encendido la alarma y ha despertado críticas de especialistas en seguridad es el incremento sensible de las muertes como consecuencia de intervenciones policiales. En sólo un año aumentaron 39% alcanzando 1.444 víctimas fatales de la policía entre enero y noviembre.

The Associated Press contactó a la asesoría de prensa del gabinete de la Intervención Federal pero las autoridades no accedieron a una entrevista.

“Vimos la profundización de errores históricos: la reafirmación de una política de muchas operaciones, muchos tiroteos y poco trabajo de inteligencia”, opinó Silvia Ramos, coordinadora del Observatorio de la Intervención de la Universidad Candido Mendes.

Entre febrero y diciembre de este año se registraron dentro del estado 8.193 tiroteos, un 56% más que en 2017, según un registro de Fuego Cruzado, una aplicación que recopila los enfrentamientos armados.

Cuestionada desde el principio por la ausencia de un plan estratégico, la medida priorizó el envío de soldados y policías a las calles e incrementó las maniobras de confrontación directa contra grupos de narcotraficantes que operan principalmente en las favelas y los barrios más pobres.

Especialistas consultados por AP alertaron que el “fracaso” de la intervención podría forzar la adopción de medidas radicales como las que impulsan el presidente electo Jair Bolsonaro y el gobernador electo en Rio, Wilson Witzel.

“La falta de resultados puede reforzar agendas que avancen en un descontrol policial. Bolsonaro y Witzel están bajando un mensaje de que cada uno puede hacer lo que le parezca para combatir el crimen y esto puede agudizar los problemas”, dijo Ignacio Cano, sociólogo e investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro

Consciente de que la inseguridad es un problema irresuelto en el estado Witzel, quien asumirá el 1 de enero, ha prometido una agenda radical en el combate al crimen.

Witzel comparó el problema de la criminalidad en Rio con Israel debido a la presencia de “grupos armados similares a grupos terroristas” que ocupan territorio y someten a la población. Su iniciativa más polémica es un proyecto para entrenar tiradores de élite con licencia para matar a criminales que porten armas pesadas, aunque no haya una situación de confrontación directa.

Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil como el abanderado de una política de tolerancia cero con la delincuencia. Con lenguaje simple y directo, consiguió que millones de brasileños, hastiados de la violencia y con miedo de convertirse en las próximas víctimas, mirasen con buenos ojos sus propuestas: flexibilizar la portación de armas entre la población civil, dar más garantías a la policía civil para poder confrontar a los delincuentes y reducir la edad de imputabilidad penal.

La crisis en la seguridad pública de Rio tiene su correlato a nivel nacional. La criminalidad representa uno de los mayores problemas en la nación más grande de Latinoamérica.

En números absolutos, el año pasado Brasil fue escenario del mayor número de homicidios en el mundo: 63.880 personas perdieron la vida según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública.

Las propuestas radicales de Bolsonaro han dividido aguas en Brasil. Mientras una enorme porción de la población espera una acción drástica y dura contra los criminales, muchos sienten miedo e inquietud por el impacto que podrían tener principalmente en los barrios más humildes.

“Gran parte de los problemas de criminalidad en Brasil están vinculados a la enorme desigualdad social y al desempleo y subocupación. Creer que se va a mejorar la situación sólo con una política represiva dura es un error”, dijo Michel Misse, director del núcleo de estudios de ciudadanía, conflicto y violencia urbana de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.