Magistrados chilenos decidirán futuro de violadores de DDHH

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El Tribunal Constitucional chileno (TC) decidirá en las próximas horas si flexibiliza los requisitos para que criminales de lesa humanidad puedan obtener libertad condicional o si, como votó el Congreso recientemente, los obliga a mostrar arrepentimiento y a colaborar con la justicia para acceder a ello.

El TC escuchó alegatos a favor y en contra de esta decisión durante el miércoles y se generó tal polémica que manifestantes que rechazan esta posibilidad --por ser familiares de víctimas de la última dictadura-- se apostaron frente a la sede del organismo para expresar su descontento.

Inicialmente se informó en la sede del TC que el dictamen podría estar listo el mismo jueves, aunque más tarde se dijo que se conocería el viernes a una hora por definir. La mayoría de los diez miembros del TC es proclive a los sectores conservadores.

El TC actuará como tercera cámara y con su fallo --que es inapelable-- podría torcer lo que ya decidió la centroizquierda en el Congreso en noviembre pasado. El asunto llegó a manos del TC debido a una apelación del oficialismo conservador, que pidió que se declare inconstitucional el proyecto que estableció que los violadores de derechos humanos que están presos pueden acceder a la libertad condicional si se arrepienten públicamente, acreditan que colaboraron en su juicio y que cumplieron dos tercios de su condena. Si el TC fallara en favor de los conservadores, los criminales de lesa humanidad podrían pedir el cambio de su pena en reclusión por libertad condicional eximiéndolos de acatar varios requerimientos que muchos no pueden cumplir.

La centroizquierda también ha acudido al TC anteriormente cuando alguna votación en el Congreso no le ha favorecido.

Antes del inicio de la segunda jornada de alegatos el jueves, el TC emitió una declaración condenando la golpiza que recibió el miércoles su presidente, Iván Aróstica, por parte de activistas de derechos humanos que lo reconocieron cuando salió a la calle, lo siguieron y golpearon con pies y puños hasta derribarlo. Después se alejó a bordo de un vehículo policial que lo protegió.

El abogado Carlos Oyarzún, que alegó en favor de los criminales, aseveró que quienes exigen más requisitos para que los presos puedan salir de la cárcel “vulneran la igualdad ante la ley al plantear diversas exigencias a los criminales de lesa humanidad y a los delincuentes comunes” y que se producen “vulneraciones a la libertad de conciencia al exigirles un arrepentimiento público”. Además, dijo, se produce otra desigualdad ante la ley debido a que algunos presos de Punta Peuco obtuvieron libertad condicional antes de que se discutiera el endurecimiento de los requisitos para obtenerla.

Por su parte, el abogado constitucionalista Patricio Zapata alegó en representación de la centroizquierda y aseguró que el proyecto aprobado pasó a tratar la libertad condicional como un beneficio, no como un derecho. También contrarió lo dicho por los abogados de la derecha que afirman que hay requisitos “imposibles de cumplir”. Lo que se produce en casos como enfermos de Alzheimer es una “inaplicabilidad” que no es inconstitucional, indicó.

Las libertades constitucionales para este grupo de presos se conceden desde 2015. Entre julio y agosto de este año estalló un escándalo cuando tres jueces de la Corte Suprema permitieron la salida alternativa con libertad condicional a siete presos de Punta Peuco, una cárcel especial construida para violadores a los derechos humanos donde los prisioneros viven en excelentes condiciones en comparación a los delincuentes comunes, según han testificado jueces que los han visitado.

Actualmente unos 170 criminales de lesa humanidad están en prisión, de los cuales se estima que no más de una decena podrían cumplir con los nuevos requisitos si no son declarados inconstitucionales. Otros 400 inculpados están procesados y hay unas 1.300 causas abiertas, según el abogado Maximiliano Murath, que habló en favor de los presos de Punta Peuco.

Cifras oficiales indican que la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) dejó 4.018 víctimas, de las cuales 3.065 eran opositores que fueron asesinados.