Nicaragua expulsa a expertos que investigaban abusos

MANAGUA (AP) — El gobierno del presidente Daniel Ortega notificó el miércoles su decisión de expulsar del país de manera inmediata a los expertos de Organización de Estados Americanos que estaban investigando los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas oficiales desde el pasado mes de abril, cuando unas protestas sociales fueron seguidas por una violenta represión.

La expulsión tuvo lugar un día antes de la presentación de su informe final sobre las graves violaciones cometidas por el Estado desde que comenzó la crisis actual que, según los datos de la OEA, se ha cobrado más de 320 muertos y ha conllevado números casos de torturas, detenciones arbitrarias y persecución de opositores.

El canciller Denis Moncada envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que le comunicaba que el ejecutivo decidió la “salida temporal” de los organismos de derechos humanos debido a su actuar “irresponsable en la escalada criminal, injerencista” y a que promovieron “acciones terroristas de orden político, económico y militar” en contra de Nicaragua.

Los dos grupos de expertos independientes --el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ambos bajo el paraguas de la OEA -- llevaban varios meses investigando las muertes y los abusos cometidos en el país y atribuidos, principalmente, a grupos paramilitares afines al gobierno.

Moncada consideró que los equipos violaron su protocolo de actuación, rompieron lo acordado con el gobierno y violentaron la constitución de Nicaragua.

Asimismo, la misiva del canciller hace referencia a unas declaraciones de Almagro en las que tacha al gobierno nicaragüense de “dictadura” y llama a la comunidad internacional a “asfixiarla”. En su opinión, esas “mentiras y calumnias” se deben a su actuación como “agente político del imperio norteamericano”.

La OEA rechazó “en los términos más categóricos” la decisión de Managua, que “adentra aún más a Nicaragua en el terreno del autoritarismo”.

“Expulsar investigadores y defensores institucionales de los derechos humanos es característico de quienes pretenden que no se haga justicia y perpetuar la impunidad”, indicó la organización en un comunicado.

El gobierno nicaragüense lleva meses denunciando que ha sido víctima de un golpe de Estado y también criticó que esta postura no haya quedado reflejada en los documentos de los investigadores.

Los expertos fueron citados en la Cancillería y acusados de divulgar información falsa.

“Nos pidieron que abandonáramos el país inmediatamente y esperamos que nuestra sede en Washington se encargue de la logística para irnos”, dijo Ana María Tello, coordinadora del MESENI en rueda de prensa.

El gobierno de Ortega ha prohibido la presentación del informe de los expertos, quienes, no obstante, se han comprometido a dar seguimiento a lo que ocurre en Nicaragua desde el exterior “para lograr que el país regrese a la senda democrática y los crímenes sean esclarecidos, en tribunales nacionales o en la jurisdicción que pueda corresponder”, indica la nota de la OEA.

Amérigo Incalcaterra, coordinador del equipo, aclaró que el gobierno nunca les envió “comunicación que nos indique que trabajemos de esta forma u de otra”. “Tuvimos doce reuniones al inicio de nuestro trabajo y de ahí en adelante no hubo nunca más respuesta a las más de 70 comunicaciones que les enviamos solicitando información”, explicó

En un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una ONG regional, condenó duramente la decisión que llegó justo un día antes de que el grupo de especialistas presentase su informe final sobre las graves violaciones cometidas por el Estado en los últimos meses.

A juicio de esta organización, los expertos de los dos grupos que investigaban desde hace meses en el país “se enfrentaron a un Estado que obstaculizó y boicoteó el ejercicio de su labor, al cerrar todos los espacios de diálogo y monitoreo, y al negarles el acceso a información imprescindible para cumplir con sus mandatos”.

Esta acción se da en el marco de un recrudecimiento de la represión y la persecución ya que en las últimas semanas el gobierno de Ortega retiró licencias a varias ONG críticas y ocupó las instalaciones de un medio noticioso independiente que ha documentado abusos de las fuerzas de seguridad del gobierno y paramilitares desde abril.