California resiste política inmigratoria de tolerancia cero

SAN DIEGO (AP) — Uno por uno, el juez William Gallo llamó a los 14 acusados de ingresar al país ilegalmente. Los abogados de los imputados le dijeron que no podían presentarse porque el gobierno ya los había deportado a México.

En lo que constituyó un claro reproche al gobierno, el juez desestimó las acusaciones y ordenó que se les devolviese a los acusados el dinero de sus fianzas.

Esta escena se repitió todos los días durante varias semanas en San Diego, en otra manifestación de la resistencia de los jueces a las políticas inmigratorias del gobierno de Donald Trump. El mes pasado, otro juez dejó en suspenso la política de negar asilo a las personas que ingresaron al país sin permiso.

Los fiscales federales comenzaron a programar audiencias masivas de personas acusadas de violar las leyes inmigratorias en California en julio, siguiendo un modelo que se viene usando desde hace años en otras partes de la frontera de Estados Unidos con México. Las vistas pronto empezaron a prolongarse más allá de las seis de la tarde.

Los abogados de los acusados se quejaron de que no tenían suficiente tiempo para consultar con sus representados, quienes llevaban las mismas ropas que cuando cruzaron la frontera el día previo.

Hasta que el 17 de septiembre el juez Gallo anunció que los magistrados no aceptarían más admisiones de culpabilidad en las primeras vistas de los acusados, como hacen en Arizona y Texas. Dispusieron programar una segunda vista cinco días después. Los inmigrantes que pagaron fianzas antes de esa segundan vista fueron deportados.

“El gobierno, en muchos sentidos, ha tenido un comportamiento engañoso”, dijo Gallo hace poco, aludiendo a la decisión de deportar a los acusados antes de que pudiesen presentarse a la segunda vista para resolver sus casos.

El mismo día Gallo desestimó los cargos contra 14 personas, muchos de ellos mexicanos que fueron pillados escondidos entre rocas y arbustos en la zona montañosa al este de San Diego.

El gobierno respondió el 9 de octubre diciendo que no deportaría más gente hasta que se hubiesen resuelto sus casos. Esto hizo que los jueces dejasen de desestimar las acusaciones, pero planteó nuevos dilemas: La detención de los imputados por más tiempo generó problemas de espacio y aumentó los costos.

“Querían resolverlo todo en un día, como en otras partes de la frontera, porque es más barato”, afirmó Jami Ferrara, quien representa a los abogados defensores en un panel con jueces y fiscales que tratan de buscar soluciones. “No es un sistema barato”.

No está claro cuántos casos fueron desestimados en San Diego, aunque abogados defensores creen que hubo cientos.

Si bien la desestimación de los casos no facilitó la liberación de los imputados, socavó el propósito de la política de “tolerancia cero” de Trump, que era la de conseguir condenas. Quienes violan las leyes inmigratorias por primera vez son condenados a hasta seis meses de cárcel y pueden ser acusados de un delito grave en caso de reincidir.

Las disputas legales en tribunales de San Diego no generaron reacciones públicas de Trump y el Departamento de Justicia y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras se abstuvieron de hacer comentarios.

Cuesta un promedio de casi 90 dólares diarios alojar a un imputado. En San Diego, el espacio escasea mucho y el principal centro de detención tiene capacidad para solo 815 personas.

Para hacer frente a la falta de espacio, el Servicio de Marshals tiene acuerdos con gobiernos municipales y estatales y con la Oficina Nacional de Prisiones, así como contratos con empresas privadas, según el portavoz Drew Wade.

Los acusados son ayudados por The Bail Project, una organización sin fines de lucro creada en enero que tiene fondos para el pago de fianzas en San Diego y otras seis ciudades del país. Robin Steinberg, su director, dijo que la agrupación llegó a San Diego el 20 de agosto y en sus primeras siete semanas pagó las fianzas de 700 inmigrantes.

El Bail Projec no ha llegado todavía a otros tribunales de la frontera que realizan audiencias judiciales masivas para quienes ingresan ilegalmente al país.

“Por ahora nos enfocamos en ayudar a toda la gente que podamos en San Diego”, dijo Steinberg.

Muchos imputados no pueden quedar en libertad porque algunos jueces insisten en que alguien se haga cargo de ellos, generalmente un familiar que se hace responsable de que se presente a las vistas judiciales. Algunos familiares, no obstante, se muestran reticentes a dar la cara si están en el país ilegalmente y muchos viven lejos de San Diego.

Los abogados defensores objetan ese requisito.

“Es muy inusual que un tribunal exija que alguien se haga cargo de un imputado en casos menores”, declaró David Loy, director legal de la Unión de Libertades Civiles de los condados de San Diego e Imperial. “Son infracciones federales de las menos graves”.

Las audiencias masivas por cuestiones inmigratorias fueron usadas por primera vez en Del Río, Texas, en el 2005 y se extendieron a otros tribunales de la frontera, excepto California. Los tribunales de Tucson, Arizona, y McAllen, Texas, ventilan diariamente los casos de unas 70 personas que se declaran culpables en su primera audiencia y son generalmente condenados al tiempo que ya han pasado detenidos.

El gobierno dijo en mayo que juzgaría a todo inmigrantes sin papeles en el marco de una política de tolerancia cero. Las críticas por la separación de familias hicieron que se diese marcha atrás en junio y se hiciesen exenciones con los adultos que vienen con menores. Días después, un juez federal ordenó que se suspendiese la separación de familias.

En San Diego, cada abogado defensor recibe no más de cuatro clientes diarios. La mayoría de las veces hay solo 10 abogados, lo que implica que no se pueden ventilar más de 40 casos.

Fred Sheppard, subprocurador del gobierno, dijo hace poco en un juzgado que la Patrulla de Fronteras arresta entre 90 y 140 personas diariamente en San Diego, lo que quiere decir que mucha gente no es procesada