Honduras: fiscales acusan a diputados de trama corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía hondureña acusó el martes a 21 personas, entre ellos cinco diputados y seis exlegisladores, de participar en una trama de malversación de fondos públicos destinados a disminuir la pobreza. La acusación se dio a conocer el mismo día en el que otro legislador hondureño se declaraba culpable de narcotráfico durante un juicio en Estados Unidos.

Según explica la fiscalía de Honduras en un comunicado, los acusados en el caso “Arca Abierta” depositaron 21,1 millones de lempiras (casi 900.000 dólares), desde distintos departamentos de gobierno --Presidencia, el Congreso y la Secretaría de Finanzas-- a una organización sin ánimo de lucro llamada Planeta Verde que después trasladó ese dinero “a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas”.

Los cinco legisladores son miembros del Partido Nacional, el del presidente Juan Orlando Hernández. Entre los señalados también figura el exministro de Seguridad por casi diez años, Oscar Álvarez, y la vicepresidenta del Congreso, Gladis Aurora López, ambos del gobernante partido Nacional. Álvarez dimitió el año pasado como diputado aduciendo motivos de salud y desde entonces reside en Estados Unidos

La investigación la llevó una unidad especial de la fiscalía con el apoyo de los expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA).

El portavoz de esa misión, Luiz Guimarães Marrey, aseguró que el caso evidencia que los mecanismos de rendición de cuentas que existen actualmente en Honduras “son ineficientes” y que existe “debilidad y poca confiabilidad” en las unidades de auditoría interna del sector público.

“Es indispensable fortalecer el sistema ya existente con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración pública”, agregó.

Por otra parte, en Nueva York, otro diputado hondureño se declaró culpable de tráfico de droga y se enfrenta a una pena de al menos 40 años de prisión.

Fredy Nájera Montoya, exlegislador del Partido Liberal, se encargaba de mover cocaína sudamericana para el Cártel de Sinaloa y trabajaba, además, para otros grupos criminales. El político utilizaba pistas clandestinas de aterrizaje ubicadas en sus propiedades para que aterrizaran aeronaves cargadas de cocaína procedentes de Colombia. La droga era trasladada después por tierra hasta la frontera con Guatemala.

Honduras se ha convertido en uno de los principales puntos intermedios del tráfico de cocaína desde América del Sur hacia Estados Unidos porque tiene territorios poco accesibles y poco poblados y unas fuerzas de seguridad corruptas, lo que permite que las organizaciones criminales puedan desembarcar la droga que llega en bote o en avionetas sin mayores problemas y moverla desde ahí hacia Guatemala y México.

Cuando las autoridades estadounidenses anunciaron los cargos contra Nájera el pasado mes de enero, el agente de operaciones especiales de la DEA --Raymond Donovan-- aseguró que el político utilizaba su puesto en el Congreso para facilitar el tráfico de droga y la corrupción. Según Donovan, Nájera también utilizaba equipos de seguridad que usaban armamento letal.

Nájera fue diputado en el congreso hondureño desde 2006 hasta su llegada a Nueva York en marzo de este año.

Fiscales estadounidenses llevan tiempo persiguiendo a narcotraficantes hondureños y a quienes les apoyaron. El año pasado, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue sentenciado a 24 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Algunos de los testigos clave de ese caso testificaron también en el de Nájera.

Los fiscales remitieron también una carta sobre un testimonio que habrían presentado en el juicio contra Nájera sobre su participación en la organización y financiamiento del asesinato del zar antidrogas hondureño Julián Aristides González en 2009.Aristides estaba investigando a Nájera y ya le había requisado algunas propiedades.

La audiencia de sentencia de Nájera está programada para abril de 2019.