México: AMLO y jueces discrepan por salarios

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El nuevo presidente de México manifestó el lunes que los salarios de algunas personas en el poder judicial son “ofensivos” y que dejará en manos del Congreso la implementación de su llamado a la austeridad.

Andrés Manuel López Obrador no mostró señales de que cederá en su desacuerdo con los magistrados de México, quienes se han mostrado reacios a su exigencia de que ningún funcionario público tenga un salario superior al del presidente.

Dado que el mandatario ha prometido cobrar únicamente el salario de 108.000 pesos (5.300 dólares) al mes, muchos en el gobierno federal enfrentarán una reducción salarial.

El viernes, la Suprema Corte de México suspendió una ley federal aprobada por el Congreso y López Obrador comentó la decisión durante una conferencia de prensa el lunes.

“Llegan a reunir hasta 600.000 pesos (casi 30.000 dólares) mensuales”, aseveró. “Eso es ofensivo. Eso no tiene que ver ni con el cambio que se necesita, y que está demandando la gente, ni con la justicia”.

López Obrador agregó que respetará las decisiones de las cortes, pero “quienes van a decidir van a ser los diputados en el Congreso”.

La coalición de López Obrador controla ambas cámaras del Congreso.

La Suprema Corte tuiteó la estructura salarial del poder el lunes y dijo que los magistrados ganan menos de la mitad de lo que López Obrador afirmó.

Sin embargo, el presidente _quien asumió el cargo el 1 de diciembre_ ha dicho que muchos funcionarios públicos reciben bonos y otras remuneraciones que no se informan al público.

Reducir los salarios de los funcionarios públicos es crucial para que López Obrador tenga los fondos que necesita para cumplir otros objetivos. Prometió una transparencia que permitiría que la gente conozca dónde trabajan los funcionarios y cuánto dinero reciben.

Los jueces federales y magistrados protestaron el lunes por la mañana en la Ciudad de México.

Luis Vega Ramírez, presidente de la asociación nacional que los representa, dijo que la ley de remuneraciones era parte de una legislación que ataca la independencia del poder judicial. Se refirió a otra ley que rotaría a los jueces en distintas partes del país e impondría pruebas de confianza.

Vega se quejó que había un falso discurso de que los integrantes del Poder Judicial son privilegiados y abusan del erario con sueldos de más de 600.000 pesos al mes.