Rige en Chile protocolo que regula uso de fuerza policial

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Un protocolo que restringe el uso de la fuerza y de armas letales por parte de la policía comenzó a regir el martes en Chile, 20 días después de que un joven mapuche fuera asesinado de un tiro en el cráneo por un agente policial.

El protocolo figura entre las recomendaciones formuladas en marzo de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Chile tras el asesinato en 2002 del adolescente mapuche Alex Lemún, que también murió por una bala en la cabeza disparada por un policía durante la recuperación de territorios en la región de La Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago.

El conjunto de instrucciones fue firmado por el presidente Sebastián Piñera.

El 14 de noviembre el joven mapuche Camilo Catrillanca recibió un disparo mientras se movilizaba en un tractor junto a un menor de edad. La policía se excusó alegando que perseguían a los ladrones de tres vehículos en Ercilla, 600 kilómetros al sur de Santiago.

Cuatro policías permanecerán dos meses detenidos en una comisaría mientras la fiscalía de La Araucanía investiga los hechos y por qué uno de los agentes destruyó intencionalmente la tarjeta de memoria de la cámara de vídeo que llevaba en su casco.

En el caso de Lemún la justicia resolvió que se había tratado de uso excesivo de la fuerza y se declaró incompetente. El caso pasó a la justicia militar, que finalmente lo cerró.

La familia de Lemún llevó el caso a la CIDH, que llegó a un acuerdo con el Estado chileno al que le recomendó trabajar en un protocolo que regulara el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, el caso de Lemún fue reabierto y el policía implicado está bajo detención preventiva desde septiembre.

En La Araucanía son comunes los hechos violentos por parte de mapuches que buscan recuperar sus tierras ancestrales, por lo que el Estado chileno mantiene militarizada la zona con efectivos especiales de la policía.

En junio de este año el gobierno envió a la conflictiva región un grupo de efectivos policiales que siguió un curso antiterrorista en Colombia. Tras el asesinato de Catrillanca se multiplicaron las voces para que fueran sacados de La Araucanía, aunque el Ministerio del Interior se negó.