Corte Suprema argentina anula beneficio a represores

BUENOS AIRES (AP) — La Corte Suprema argentina anuló el martes un beneficio que reducía las penas a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar que generaba un fuerte rechazo social en el país.

El máximo tribunal consideró que es inaplicable el beneficio conocido como “dos por uno”, que permite reducir las penas al computar doble los días en prisión preventiva sin condena firme, al rechazar el pedido de excarcelación de un condenado por delitos de lesa humanidad, según un fallo del tribunal publicado por el Centro de Información Judicial.

La decisión se aplicó al caso del exagente de inteligencia Rufino Batalla, condenado a 13 años de prisión por su responsabilidad en decenas de privaciones ilegales de la libertad y asesinatos de disidentes durante la dictadura de 1976 a 1983, entre ellos Laura Carlotto, hija de Estela de Carlotto, titular de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo. Batalla está sin sentencia firme.

Cuatro jueces del alto tribunal votaron a favor de no aplicar el beneficio, mientras que solo el presidente Carlos Rosenkrantz lo hizo en disidencia, sepultando así la posibilidad de aplicarlo a los condenados por violaciones a los derechos humanos.

El gobierno valoró positivamente la resolución. “Impide otorgar el beneficio del dos por uno para casos de delitos de lesa humanidad. El fallo coincide con nuestra posición de permanente rechazo en este tema. En la Argentina que queremos no podemos avalar atajos en favor de nadie”, dijo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en su cuenta de Twitter.

La organización HIJOS de desaparecidos durante la dictadura afirmó que “la Corte le dijo no al 2x1 al genocida Batalla” y consideró que el voto en contra de Rosenkrantz -fue “de espaldas al pueblo”. “La movilización y el contundente rechazo social hicieron efecto”, destacó en tanto la diputada opositora Mónica Macha.

De Carlotto dijo días atrás que en caso de que la corte avalara el beneficio del “dos por uno” sería un “escándalo”. La titular de la organización, que busca a los hijos de desaparecidos sustraídos por los militares, se refirió a Batalla como un “criminal que no se arrepiente ni confiesa”. El exagente civil de inteligencia del ejército fue detenido en 2011 y condenado tres años después.

Con su resolución, el alto tribunal dio marcha atrás con lo sostenido en un polémico fallo de 2017 que redujo la pena de 13 años de prisión a un civil condenado por secuestros y torturas durante la dictadura, que generó masivas y airadas protestas en Argentina.

Ese malestar se trasladó al Congreso, que el año pasado aprobó una ley que restringió el alcance del “dos por uno” al establecer que no es aplicable para los delitos de lesa humanidad y que buscaba impedir que una seguidilla de represores que habían pedido su liberación pudieran lograrlo.

En su voto disidente Rosenkrantz consideró inconstitucionales varios artículos de dicha norma.

En tanto, los magistrados que votaron a favor destacaron que el derecho internacional impone al Estado argentino la persecución de los delitos de lesa humanidad y resaltaron que existe “una consistencia en la definición, enjuiciamiento y castigo” de esos crímenes que se ha mantenido en diversos precedentes en el Poder Judicial y se puede decir que es “una política de Estado”.

Durante la dictadura fueron asesinadas o desaparecieron más de 7.600 personas, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos sostienen que fueron 30.000.

Durante 2017 fueron sentenciadas 234 personas por violaciones a los derechos humanos en Argentina, aunque también hubo un alza en la cantidad de acusados en libertad, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El informe indicó que, de los sentenciados por delitos cometidos en la última dictadura militar, 198 fueron condenados y 36 absueltos y que sólo 24% tenían condena firme.

Hay un promedio general de demora de cinco años y seis meses para la tramitación de las causas desde el requerimiento de elevación a juicio a la confirmación del último recurso ante la Corte Suprema.