Texas demanda a policía de San Antonio por ley santuario

HOUSTON (AP) — El procurador general de Texas demandó el viernes al jefe de policía de San Antonio por lo que dijo eran violaciones de las leyes estatales de inmigración enfocadas en las "ciudades santuario", y pidió sanciones por millones de dólares.

La querella presentada por Ken Paxton en una corte estatal fue una rara aplicación de una ley aprobada el año pasado, que ha sido mayormente ratificada por una corte federal de apelaciones.

La ley prohíbe que las agencias policiales rechacen los pedidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, de "retener" a inmigrantes que viven en el país de manera ilegal luego de que cumplen sus sentencias. También les prohíbe que hagan cualquier cosa para evitar que un agente pregunte sobre el estatus migratorio de un sospechoso o coopere con las autoridades de inmigración.

Jefes de policía de varias grandes ciudades se opusieron a la ley, incluyendo el jefe de policía de San Antonio, William McManus.

La demanda de Paxton acusa a McManus de manejar inadecuadamente un caso de contrabando humano en diciembre del 2017, en el que 12 migrantes fueron hallados dentro de un tractocamión.

El ICE generalmente procesa casos importantes de contrabando humano, que ocurren con frecuencia en el sur de Texas debido a la cercanía con la frontera con México. Pero en este caso, McManus rechazó varias veces la ayuda de un agente del ICE, procesó al conductor del vehículo por un delito estatal y dejó a los migrantes bajo resguardo del grupo Caridades Católicas.

McManus también se comunicó con la organización RAICES, que trabaja con migrantes para que obtengan visas como testigos de crímenes y cooperen con las agencias del orden.

Eso enojó a altos republicanos del estado que apoyaron la ley. Paxton, quien está acusado de cargos de fraude de valores, acusó a San Antonio de haber "puesto la seguridad de policías y el público en riesgo al cuestionar la ley estatal".

El municipio respondió el viernes acusando a Paxton de "promover una agenda política".

San Antonio cambió la manera como maneja casos de contrabando humano después de un incidente en julio del 2017, cuando 10 personas murieron tras viajar escondidos y apretados en un camión que los trajo de México y cruzó por un control fronterizo.