Puerto Rico logra acuerdo de reestructuración de su deuda

SAN JUAN (AP) — Puerto Rico anunció el jueves haber completado su primer acuerdo de reestructuración de su deuda desde que se declaró en bancarrota hace más de tres años, concediéndole a los acreedores 550 dólares en nuevos bonos por cada 1.000 que tenían en su poder.

El convenio fue concretado con los acreedores de casi 4.200 millones de deuda emitida por el ahora desaparecido Banco Gubernamental de Fomento, que alguna vez otorgó créditos y supervisó las transacciones de deuda de la isla, pero que en marzo dejó de funcionar en medio de una recesión de 12 años.

“El cierre de la reestructuración de la deuda del BGF es un hito histórico en el camino de recuperación económica para Puerto Rico”, declaró el gobernador Ricardo Roselló. “Es evidencia clara de que Puerto Rico tiene la credibilidad y voluntad necesaria para resolver sus retos fiscales”.

Sin embargo, se desconocen los alcances del acuerdo con respecto a unos 70.000 millones de dólares de otras deudas que aún están pendientes de pago. Gran parte de ella está siendo abordada en tribunales, más que con acuerdos voluntarios.

El gobierno dijo que su Autoridad de Recuperación de Deuda pronto extenderá a los acreedores bonos por casi 2.600 millones de dólares.

Sin embargo, algunos economistas se muestran recelosos frente al convenio, ante la incertidumbre de si los pagos podrán ser cubiertos debido a la fragilidad de las finanzas de la isla y la actual crisis, causada en parte por el gran endeudamiento de gobiernos anteriores para cubrir déficits enormes.

“Una preocupación que tenemos muchos economistas es que estos acuerdos sean temporeros y no garantizan que Puerto Rico ya no vuelva a caer en una crisis de deuda”, dijo por teléfono el economista José Caraballo.

Sin embargo, elogió que el acuerdo otorgue un trato diferente a bonistas distintos. Un grupo, conformado principalmente por fondos de cobertura, recibirá primero los pagos, pero a un porcentaje inferior de sus inversiones originales. Un segundo grupo, que incluye a inversionistas locales, recibirá sus pagos en fecha posterior, aunque a un porcentaje mayor.

Pero Caraballo advirtió que otra crisis podría golpear a la isla antes de que el segundo grupo reciba sus pagos, y dijo que el acuerdo no pone fin a los problemas financieros de Puerto Rico porque no está basado en la capacidad del gobierno para pagar a largo plazo.

“Son acuerdos que no son sustentables. No es un punto final. Es una coma en medio de esta crisis”, afirmó.

Otro economista, Vicente Feliciano, destacó que el acuerdo depende de que los municipios mantengan los pagos con recaudaciones del impuesto sobre bienes inmuebles. El valor de las propiedades fue afectado por la migración de gran escala en la isla debido a las penurias económicas y por el paso del huracán María, que el año pasado causó daños por más de 100.000 millones de dólares.

“Siempre existe el riesgo de que en algún momento los municipios pudieran enfrentar dificultades para cumplir sus obligaciones”, señaló Feliciano en entrevista telefónica.

En conjunto, las agencias de Puerto Rico acumulan una deuda pública de unos 70.000 millones de dólares e intentan reestructurarla parcialmente vía judicial o mediante acuerdos con los acreedores. Una junta federal de control creada por el Congreso de Estados Unidos supervisa un proceso tipo bancarrota, así como las finanzas de la isla, que es territorio estadounidense.