Exigen fin de acoso de patrocinadores de inmigrantes en EEUU

La agencia federal encargada de asistir a los menores que piden asilo y que se han separado de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México asumió formalmente este año nuevas funciones: Ayudar a deportar a los parientes de esos jóvenes migrantes dispuestos a hacerse cargo de ellos.

En una carta enviada el miércoles a los jefes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) y del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), 112 organizaciones defensoras de las libertades civiles y de los derechos de los inmigrantes, agrupaciones que velan por el bienestar de los menores y otros activistas exigen al gobierno el cese inmediato de lo que consideran una práctica ilegal.

El DSSH y el DSN están usando la información acerca de los familiares que residen en Estados Unidos y de otros potenciales patrocinadores que suministran los menores arrestados para “detener y deportar a esas familias”, dicen los autores de la nota. Agregan que muchas “familias están tan asustadas que prefieren no hacerse cargo de los menores”.

El nuevo papel de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una unidad de la DSSH que se ocupa de reunir a los menores no acompañados con familiares hasta que se resuelva su status inmigratorio, comenzó en el marco de un acuerdo para compartir información firmado en abril con los organismos del DSN encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Las huellas digitales y la información personal de los posibles patrocinadores y de las personas que viven con ellos son enviadas a un banco de datos del DSN creado para rastrear los antecedentes policiales de la gente y que a partir de mayo empezó a ser usado para verificar su identidad, de acuerdo con documentos del gobierno.

La carta del miércoles aduce que las autoridades federales, estatales y municipales --y algunos gobiernos extranjeros-- tienen acceso casi ilimitado al banco de datos, lo que puede hacer que potenciales patrocinadores respetuosos de las leyes sean sometidos a un escrutinio inapropiado.

Funcionarios federales dicen que el objetivo de compartir la información es proteger a los menores migrantes de traficantes y de otros abusos. Desde que comenzó a compartirse la información, el tiempo promedio que pasa un menor bajo custodia del gobierno se casi duplicó en más de dos meses.

Lo que es peor, según los activistas, es que el acuerdo transforma a los menores, la mayoría de ellos centroamericanos que le huyen a la violencia e impunidad de sus países, en delatores involuntarios.

“Los menores son usados como carnada para recabar una cantidad sin precedentes de información de las comunidades de inmigrantes”, dijo Becky Wolozin, abogada del Legal Aid Justice Center, que firmó la carta. El centro representa a menores migrantes en un tribunal federal en Virginia en el que se cuestiona la política de compartir la información, que es descrita como arbitraria y caprichosa.

Ni la agencia de reubicación de refugiados ni el DSN respondieron directamente a preguntas de la Associated Press sobre si el acuerdo viola las protecciones legales de los menores no acompañados, que por ley deben ser retenidos por las autoridades el menor tiempo posible.

Al menos 41 familiares o allegados que se encuentran en el país ilegalmente fueron arrestados con miras a su posible deportación por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) gracias a la información compartida, según Matthew Albence, alto funcionario del ICE que hizo su comentario durante una vista legislativa en septiembre. Un vocero del ICE dijo que los arrestos tuvieron lugar entre principios de julio y principios de septiembre, pero no dio cifras actualizadas, como había solicitado la AP.

Legisladores demócratas de ambas cámaras --los senadores Kamala Harris y Ron Wyden y la representante Debbie Wasserman Schultz-- presentaron proyectos de ley que prohibirían al DSN usar información conseguida en la revisión de antecedentes de posibles patrocinadores para iniciar procesos de deportación.

La Unión de Libertades Civiles acudió a los tribunales a principios de noviembre para tratar de poner fin a la toma de las huellas digitales de potenciales patrocinadores y miembros de la familia que se dispuso cuando se comenzó a compartir la información. El organismo atribuye a esa práctica las demoras en el procesamiento de las solicitudes de los menores, que han hecho que aumenta la cantidad de jóvenes bajo custodia: Actualmente hay unos 14.000, la mayor cantidad jamás registrada en la historia de Estados Unidos.

Bob Carey, quien dirigió la agencia de reubicación de inmigrantes durante casi dos años, hasta enero del 2017, dijo que los menores no acompañados pasaban un promedio de “33 días todo el tiempo que estuve allí”. Ahora la estadía promedio gira en torno a los 70 días, de acuerdo con el DSSH.

El gobierno de Trump no da señales de que va a torcer el brazo.

La AP preguntó a la ORR cómo se compagina la nueva política con su misión de ubicar a los menores lo más rápidamente posible con familiares o allegados. La oficina no respondió directamente, pero dijo en un correo electrónico que las estadías más prolongadas son “un síntoma de un problema más grande: un sistema de inmigración roto que alienta a que hagan el peligroso recorrido” hacia Estados Unidos.

En el pasado, el centro de reubicación obtenía las huellas digitales de posibles patrocinadores solo en circunstancias muy específicas, señaló Carey, generalmente cuando adultos que no eran parientes se ofrecían a hacerse cargo de los menores. Acotó que un estudio que encargó reveló que el análisis de las huellas realmente no se justifica, ya que muy pocos patrocinadores tenían antecedentes policiales. Lo único que se encontraba en la mayoría de los casos era alguna infracción de tráfico, manifestó. Al mismo tiempo, ninguno de los casi 2.100 empleados que trabajan en un campamento de Texas donde hay más de 2.300 menores migrantes ha tenido que someterse a la rigurosa revisión de antecedentes con toma de huellas digitales del FBI para determinar si tiene denuncias de abuso de menores o de negligencia, según un informe del inspector general del DSSH publicado el martes.

En su presentación de septiembre ante el Congreso, Albence, del ICE, justificó la política de compartir información diciendo que ayuda a hacer cumplir las leyes. El organismo afirmó que el 80% de los potenciales patrocinadores estaban en el país ilegalmente.

Actualmente se registran las huellas digitales y la información personal de los potenciales patrocinadores y el ICE permite que los organismos policiales pregunten por el status inmigratorio de los individuos que son detenidos o cuyos antecedentes están siendo averiguados.

Harrison Rudolph, del Centro sobre Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, dice que, en la práctica, coloca a los potenciales patrocinadores en una “cola activa” de gente que va a ser deportada porque su información aparece prominentemente cuando los agentes del ICE ingresan al banco de datos.

Las políticas de privacidad del DSN dicen que el ICE puede compartir información con “agencias gubernamentales pertinentes federales, estatales, municipales, tribales, territoriales, extranjeras o internacionales”.

Un archivo pertenece a Rosa Cáceres, una hondureña de 45 años cuyo nieto de 12 años fue separado de su padre en mayo, cuando ambos cruzaron la frontera por San Ysidro, California, y solicitaron asilo.

El padre fue deportado de inmediato. El nieto, que había identificado el cadáver de su madre luego de su asesinato en Honduras en septiembre del 2016 (los padres se habían separado), quedó retenido en una vivienda compartida de Baltimore por tres meses antes de irse con su abuela.

"No podía dormir en la noche. Decía, ‘Dios mío ¿y ahora qué va a pasar conmigo?’”, relató Cáceres, quien trabaja en la construcción. “La desesperación, no saber qué iba a pasar con él, hacía que sintiese que le faltaba el aire”.

Cáceres dijo que lleva 16 años en Estados Unidos y que espera conseguir la residencia legal. Como hondureña, está cobijada por un permiso de residencia temporal y ahora espera hacerlo permanente. El nieto está cursando el sexto grado, feliz con la escuela y haciendo atletismo, indicó.

La abuela dice que está consciente de que la información que suministró para poder quedarse con su niego puede ser usada para deportarla.

"Me daba miedo, pero cuando se trata de su propia familia, al final de cuentas uno pierde este miedo”, expresó. “No importa si la seguridad de uno está en juego. Yo no tenía más que enfrentar la realidad, pasase lo que pasase”.

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Frank Bajak está en http://twitter.com/fbajak