Hermano de presidente de Honduras acusado de narcotráfico

MIAMI (AP) — El hermano del presidente de Honduras y exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado fue acusado el lunes de haber formado parte durante años de una asociación ilícita para importar ilegalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El hondureño conocido como “Tony” Hernández fue arrestado el 23 de noviembre en Miami y notificado el lunes de las acusaciones que enfrenta en una audiencia judicial realizada en los tribunales federales del sur de la Florida, dijeron la agencia antinarcóticos DEA y fiscales federales.

El caso está radicado en Nueva York, pero como el hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue detenido en Miami, la primera audiencia se realizó ante el magistrado Jonathan Goodman en el sur de la Florida.

“Tony” Hernández, de 40 años, está acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, delitos relacionados con el uso y posesión de armas destructivas; y mentir a las autoridades.

De ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena mínima de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Hernández ha rechazado con anterioridad acusaciones de narcotráfico y ha negado haber participado en actividades ilegales. Sin embargo, estos señalamientos han manchado al gobierno de su hermano en un país que oficia como un lugar de tránsito de cocaína y ha tenido la tasa de homicidio más alta del mundo en esta década.

Miles de migrantes hondureños han salido de su país en una caravana hacia la frontera estadounidense con México y aseguran que huyen de la crisis económica y la violencia y el crimen de las pandillas. Muchos de ellos responsabilizan al presidente hondureño por la situación.

El mandatario volvió al poder en 2017 en unas elecciones que causaron protestas a raíz de acusaciones de fraude.

De acuerdo con el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, “Tony” Hernandez presuntamente participó en todas las etapas de la importación ilegal de toneladas de cocaína a Estados Unidos y organizó seguridad armada para los cargamentos.

“Hernández y sus socios criminales presuntamente conspiraron con algunas de las redes delictivas transnacionales más peligrosas y letales en México y Colombia para inundar las calles estadounidenses con drogas mortales”, expresó el agente de la DEA Raymond Donovan en un comunicado de prensa.

El gobierno de Honduras confirmó la detención de Hernández en un comunicado de prensa publicado en su cuenta del Twitter.

“Nadie está por encima de la ley y toda persona tiene derecho a la legítima defensa y presunción de inocencia”, expresó el gobierno en el extenso comunicado del 23 de noviembre.

La fiscalía de Manhattan dijo que Hernández sobornó a agentes de seguridad para proteger los envíos de droga y también pidió recompensas a narcotraficantes.

La acusación indica que desde 2004 y hasta aproximadamente 2016, varias organizaciones de narcotráfico de Honduras y otros países trabajaron con el apoyo de importantes funcionarios y personas de ese país. Entre ellos menciona sin identificar a políticos y agentes de seguridad que recibieron toneladas de cocaína enviadas a la nación centroamericana desde Colombia y otros países para que fuera transportada a través de la frontera de Guatemala hasta Estados Unidos.

Los narcotraficantes pagaron sobornos a los funcionarios, incluyendo a miembros del Congreso de Honduras, según la investigación de la DEA, que indica también que Hernandez es un narcotraficante que trabajó con otros colegas de Colombia, México y Honduras para importar la droga a Estados Unidos.

En febrero de 2014, por ejemplo, Hernández se reunió en Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder del cartel de la droga conocido como Los Cachiros. El encuentro fue organizado, entre otros, por un miembro de la Policía Nacional Hondureña y Hernández le pagó a Maradiaga unos 50.000 dólares, de acuerdo con la investigación de la DEA.

Los cargamentos fueron enviados a Honduras en aviones, lanchas rápidas y al menos en una ocasión en submarino, de acuerdo con la investigación.

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Las periodistas de la AP Jennifer Peltz, en Nueva York; y Natalia Schachar, en Ciudad de México, contribuyeron con esta información.