Piden prohibir salida de Perú de Alan García por Odebrecht
LIMA (AP) — La Fiscalía solicitó el jueves a un juez de Lima que se le prohíba salir de Perú al expresidente Alan García luego de que se le amplió una investigación preliminar por presuntamente recibir dinero sucio de la brasileña Odebrecht.
Jorge del Castillo, legislador del partido de García, dijo a la televisora local N que el pedido fiscal “es violatorio al debido proceso”, mientras que Genaro Vélez, uno de los abogados de García, comentó a la radio local RPP que “no hay razón legal para que se le pida el impedimento de salida del país” porque el exmandatario “está yendo y viniendo de Madrid”.
García llegó a Lima la mañana del jueves procedente de la capital española y asistió más tarde a la oficina del fiscal José Domingo Pérez quien lo investiga por un caso de corrupción en la construcción de la primera ruta del Metro de Lima, ejecutada por Odebrecht entre 2006-2011, durante su segundo gobierno.
El jueves, el fiscal amplió la investigación que realiza sobre el exmandatario y añadió en sus pesquisas los presuntos delitos de lavado de activos y colusión agravada. García negó mediante su cuenta de Twitter que haya recibido dinero sucio de Odebrecht luego que el portal investigativo peruano IDL-Reporteros difundió durante la mañana que el exmandatario recibió 100.000 dólares de la constructora brasileña por dictar una conferencia en 2012 ante empresarios en Sao Paulo.
Las pesquisas por la presunta corrupción ligada a Odebrecht en Perú han llevado hace poco a prisión provisional a la lideresa opositora Keiko Fujimori. Por otros casos ligados a la constructora brasileña, el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa también estuvieron encarcelados en 2017, mientras que el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) se encuentra prófugo y afronta una extradición desde Estados Unidos.
En 2016 Odebrecht admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda Latinoamérica, incluyendo 29 millones de dólares a los gobiernos de Perú.
