Bonadío, el juez desobediente que acorrala a Fernández

BUENOS AIRES (AP) — El juzgado de Claudio Bonadío, el magistrado argentino que tiene en jaque a la expresidenta Cristina Fernández, es conocido en los tribunales como “la embajada” porque se dice que funciona con sus propias reglas, muchas veces al límite del Código Penal.

Aunque se muestre implacable para no permitir impunidad en las acusaciones contra Fernández, durante los 24 años que lleva como juez federal penal, Bonadío ha sido reprendido en varias ocasiones por sus superiores, ya sea por negar a los abogados defensores de acusados el acceso a los expedientes o por abusar de la prisión preventiva de sospechosos. Además, tiene un récord de denuncias ante el organismo encargado de impulsar la remoción de magistrados: más de medio centenar.

Sin embargo, las formas nunca fueron una preocupación para este juez de 62 años. Desde que emprendió una embestida judicial contra la expresidenta (2007-2015) ha promovido varias causas por supuesta corrupción, lavado de dinero y el encubrimiento de los responsables iraníes del atentado contra un centro comunitario judío en 1994.

Sus acciones -muchas veces contrastantes- no lo exentan de polémica.

“Sus propios colegas dicen que tiene un manejo particular de las investigaciones, entre arbitrario, desbocado”, comentó Martín Angulo, un periodista acreditado en los tribunales federales. “Pero al mismo tiempo le reconocen la valentía de ir al frente. No mide”, acotó.

Esa determinación de Bonadío se volvió más que evidente hace 17 años, cuando mató con una pistola reglamentaria Glock a dos asaltantes. El juez fue liberado de culpa por haber actuado en legítima defensa, pero desde entonces en los tribunales le apodan “Doctor Glock”.

El episodio no tuvo mucha difusión en aquel entonces, pero fue la propia Fernández quien lo expuso a la opinión pública en 2015, a poco de dejar el poder, cuando tildó al magistrado de “pistolero” en un discurso por cadena nacional luego de que abriera una investigación sobre sus propiedades.

“Si aparezco suicidado busquen al asesino”, le retrucó Bonadío en un ida y vuelta poco frecuente entre un juez y un presidente. Muchos entendieron entonces que el magistrado se refería al fallecido fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en enero de ese año pocos días antes de comparecer ante el Congreso para dar detalles sobre su investigación contra Fernández por encubrir a los ejecutores del atentado terrorista que voló un centro comunitario judío en 1994, con 85 muertos.

Inicialmente la justicia calificó la muerte del fiscal como dudosa, pero tiempo después concluyó que había sido asesinado por su trabajo.

Nisman creía que un acuerdo de cooperación judicial que firmó Argentina con Irán en 2014 para supuestamente esclarecer el ataque en realidad tenía por objetivo liberar de culpa a los iraníes.

Bonadío retomó la investigación de Nisman y ordenó el arresto de Fernández en 2017 por traición a la patria. No obstante, la actual senadora opositora no puede ser detenida porque goza de fueros parlamentarios.

Apenas dejó la presidencia, Bonadío acusó a Fernández de defraudación al Estado por una medida económica que adoptó durante su gobierno para la compra de dólar futuro y que según el juez representó una millonaria pérdida para el erario. También la procesó como jefa de una asociación ilícita que entre 2003 y 2015 -período que incluye sus dos mandatos y el de su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner-, recaudó millones de dólares en sobornos a empresarios a cambio de adjudicar obras públicas.

La dirigente de 65 años proclamó su inocencia ante las acusaciones y tildó a Bonadío de “juez enemigo”, que según ella actuaría en sintonía con el gobierno del conservador Mauricio Macri y los medios de comunicación hegemónicos para tapar “la catástrofe económica” y distraer a la opinión pública con sus problemas judiciales.

Bonadío, quien oculta parte de su rostro con una tupida barba canosa, no tiene en su país el mismo prestigio y popularidad de otros colegas de Latinoamérica que avanzaron contra figuras de la política por corrupción, como el juez Sergio Moro en Brasil, la ex fiscal Thelma Aldana en Guatemala o Luisa Ortega, quien liderara la fiscalía en Venezuela antes de huir a Colombia.

El argentino no escapa al descrédito de la justicia en Argentina y en particular de los jueces federales, quienes además de investigar la corrupción en el Estado se ocupan de otros delitos sensibles como narcotráfico, contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, trata de personas y crímenes de lesa humanidad.

“La justicia está muy sospechada, nadie cree en su palabra”, admitió el fiscal federal Federico Delgado en una entrevista con The Associated Press.

Delgado, quien acaba de publicar el libro “Injusticia”, donde ensaya una feroz crítica sobre el sistema judicial argentino que él integra, atribuyó este desprestigio a que los jueces rara vez investigan al poder político de turno y avanzan contra la corrupción cuando “las personas dejan el poder”.

“Bonadío y yo integramos esa justicia y por lo tanto estamos sospechados”, reconoció Delgado.

Bonadío, militante peronista durante su juventud, fue propuesto para juez federal en 1994 por el entonces presidente Carlos Menem, de ese mismo signo político. No registraba antecedentes en la justicia, pero era la mano derecha del entonces jefe de gabinete de ministros, Carlos Corach.

Menem (1989-1999), al igual que Fernández, pisaron los tribunales recién después de dejar el poder.

El juez rara vez da entrevistas y declinó comentar para este reportaje.

“Bonadío es tiempista”, sostuvo Ángulo, en la misma línea que Delgado. “Los jueces federales antes de analizar algo jurídicamente lo hacen políticamente”.

Al frente de “su embajada” en los tribunales, Bonadío podría influir en el futuro político de Argentina.

Si una corte federal de apelaciones confirmara en los próximos días su investigación por asociación ilícita contra Fernández, esto redoblaría la presión sobre el Senado para sacarle los fueros parlamentarios que le garantizan inmunidad de arresto y su libertad correría riesgo.

A un año de las elecciones generales de 2019, en las que se presume que Macri buscará la reelección, Fernández está perfilada como la dirigente opositora mejor posicionada en la encuestas.