Victimas de masacre piden que El Salvador cumpla con CIDH

SAN SALVADOR (AP) — Los representantes de la víctimas de la masacre de El Mozote exigieron el miércoles que el Estado salvadoreño cumpla una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y ordene a los militares que entreguen la información requerida por un tribunal de justicia que lleva el juicio contra altos mandos de las fuerzas armadas involucrados en la matanza en 1981 que dejó un registro oficial de 978 víctimas, entre ellas 553 niños.

Jorge Guzmán Urquilla, juez de San Francisco Gotera, 168 kilómetros al nordeste de la capital de El Salvador, reabrió la investigación de la matanza luego de que la Corte Suprema derogara la Ley de Amnistía General de 1993 que impedía que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra fueran investigados.

Al inicio del juicio, Guzmán Urquilla citó a 18 exmilitares, incluidos el entonces ministro de Defensa y el antiguo jefe del Estados Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, pero no todos comparecieron. Los que se presentaron negaron su participación en la matanza alegando que muchos archivos se perdieron durante la guerra y otros fueron destruidos.

La abogada del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CIJIL), Gisela De León, que representa a las víctimas, se refirió a la visita del vicepresidente de la república Óscar Ortiz, que llegó el miércoles a El Mozote a verificar los avances y cumplimiento de proyectos de reparación ordenados por la CIDH.

“Lo que esperamos con la visita es que el vicepresidente honre su compromiso de que el Estado de El Salvador va cumplir con la sentencia en el menor tiempo posible”, manifestó a los periodistas la abogada de CEJIL.

Durante la reunión con Ortiz, los abogados y las víctimas demandaron que el presidente Salvador Sánchez Cerén ordene al Ministerio de la Defensa “que presente la información que se encuentra en sus manos y ha sido requerida por el juez de la causa, específicamente en relación a los operativos que se dieron en la zona en los días en que ocurrió la masacre”.

Los abogados alegan que han presentado evidencia testimonial de sobrevivientes que perdieron a sus familias y han probado la participación de la fuerza armada y la colaboración de la fuerza aérea.

La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos. Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles.

Muchos cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una iglesia y luego les prendieron fuego. En una de las fosas, los forenses encontraron 136 esqueletos de niñas y niños con un promedio de edad de seis años.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas divulgado en 1983, luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Azmitia, y a otros seis oficiales entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

Monterrosa y Azmitia murieron en El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.