Papa destituye a prelados chilenos acusados de pederastia

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco destituyó el sábado a dos prelados chilenos acusados de abusar sexualmente de menores de edad y explicó públicamente cómo y por qué fueron expulsados de la Iglesia, en un aparente intento por mostrar mayor transparencia sobre cómo está respondiendo a la crisis mundial de curas señalados de abusos sexuales.

En una declaración inusualmente detallada, el Vaticano anunció la laicización de Francisco José Cox, arzobispo emérito de La Serena, y a Marco Antonio Órdenes, obispo emérito de Iquique, ambos retirados. Se trata de las expulsiones más recientes en la Iglesia católica en Chile y otros países luego de décadas de abusos y encubrimiento.

La declaración dejó en claro que los dos prelados fueron expulsados por abusar de menores de edad, con evidencia tan abrumadora que fue innecesario un juicio canónico. El nivel de claridad indica un nuevo grado de transparencia, a medida que Francisco lucha por superar los errores del pasado que parecieron minimizar la gravedad de los abusos.

El Vaticano dijo que la decisión no puede ser apelada.

El escándalo en Chile surgió meses atrás, cuando el papa desacreditó reiteradamente a las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, el cura depredador más conocido del país. Posteriormente, Francisco reconoció que había cometido "errores graves de juicio". Obtuvo cartas de renuncia de todos los obispos chilenos en activo y expulsó a Karadima del sacerdocio.

Juan Rojas, vocero de la agrupación de laicos de Juan XXIII de La Serena, donde Cox fue obispo, dijo que en vista de que el prelado ya no es un cura debe ser extraditado y juzgado en Chile. Cox vive desde hace muchos años en la casa central de la comunidad Padres de Schoenstatt, en Alemania.

"Si bien es cierto que ahora Francisco Cox es un triste recuerdo, de un depredador sexual, ahora es un simple laico. Se le han quitado los privilegios, se le ha quitado el rango de Arzobispo, ya no es un cura", dijo Rojas a The Associated Press.

El vocero llamó también a revindicar a "las tres víctimas que están reclamando y están haciendo sus testimonios vía canónica y también judicial contra Cox. Solamente decir la justicia vendrá de la mano junto con la reparación, reparación que tiene que ser moral, social, psicológica, psiquiátrica y también económica, por qué no decirlo. Aquí se ha vulnerado los derechos, las confianzas de conciencia de omisión contra Cox", agregó.

José Andrés Murillo, víctima del padre Karadima, tuiteó el sábado: “Es justo y necesario: Dos obispos que buscaron el poder y lo utilizaron para abusar sexualmente de niños y personas vulnerables, son expulsados de su estado clerical #ObispoCox #ObispoOrdenes”.

En otro tuit, otra de las víctimas de Karadima, Juan Carlos Cruz, aludió al cardenal Francisco Javier Errázuriz: “El círculo se le estrecha al delincuente cardenal Errázuriz quien escondía y protegía a Cox. #QueSeVayanTodos @episcopado_cl @iglesiachile”.

Francisco está bajo presión para distanciarse de Errázuriz, que sigue siendo miembro de su círculo de nueve consejeros cardenales.

Cox, de 87 años y enfermo de demencia sneil, es miembro de la orden religiosa de Schoenstatt sirvió como obispo en Chillán, Chile, antes de convertirse en el segundo funcionario del Consejo Pontificio para la Familia del Vaticano, un cargo de alto perfil durante el papado de Juan Pablo II.

Regresó a Chile y se convirtió en obispo en La Serena hasta que se marchó en 1997, en circunstancias poco claras, pero asumió tareas administrativas en Roma y en la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Colombia.

En 2002, la Oficina Episcopal del Vaticano pidió a los Padres de Schoenstatt que lo llevaran a una de sus casas, aparentemente por las acusaciones de abuso. Ha estado viviendo en Alemania desde entonces, pero el año pasado el Vaticano recibió una nueva acusación formal sobre un supuesto caso de abuso que ocurrió en Alemania en 2004.

En un comunicado fechado en Santiago de Chile, el instituto secular Padres de Schoenstatt, designado por la Congregación de la Fe para hacerse cargo del caso de Cox, dijo el sábado que recibía "esta noticia con mucha vergüenza por el daño ocasionado a las víctimas".

Los Padres de Schoenstatt precisaron que el Vaticano les pidió que Cox permaneciera bajo su custodia. La orden dice que cooperará con el sistema de justicia, dado que las víctimas en Chile han presentado denuncias penales en su contra.

"Solidarizamos con ellas y su profundo sentimiento. Hoy más que nunca, deploramos todo acto de abuso que ofende la dignidad de las personas", agregó. "Apoyamos irrestrictamente esta decisión en justicia y verdad, por el bien de toda la Iglesia", aseguró.

A su vez, la Conferencia Episcopal Chilena publicó una declaración de solidaridad con quienes sufrieron "el abuso y daño causado por obispos. A ellos, a sus familias y comunidades, les pedimos perdón en nombre de los Obispos y de la Iglesia".

Dado el favor que disfrutaba Cox en el círculo íntimo de Juan Pablo II, su caída es otra mancha más en el legado del papa declarado santo. También cuestiona al cardenal mayor de Schoenstatt en Chile, el cardenal Javier Errázuriz, asesor de Francisco, quien ha sido acusado desde hace mucho tiempo de encubrir a los abusadores.

Por su parte, Ordenes Fernández, de 53 años, fue nombrado en 2006 obispo de Iquique, en el norte de Chile, a la temprana edad de 42 años. Se retiró seis años más tarde, supuestamente por razones de salud. Sin embargo, posteriormente se formularon acusaciones de abusos contra él.

Hasta ahora el Vaticano rara vez, si es que alguna vez, había anunciado la laicización de sacerdotes individuales y solo emitía una declaración de una sola línea si un obispo renunciaba, sin dar más explicaciones.

Antes del papado de Francisco, que comenzó en 2013, era práctica del Vaticano revelar si las renuncias eran retiros por razones de edad, o por alguna otra razón grave que los hiciera incapaces para el cargo. Sin embargo, Francisco eliminó desde el principio incluso esa cantidad mínima de información.

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Barry reportó desde Milán. La periodista de The Associated Press Patricia Luna contribuyó para este despacho