México: gobierno entrante aceptará comisión de la verdad

CIUDAD DE MÉXICO (AP) La esperanza de María del Carmen Mendoza, madre de Jorge Aníbal, uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, resurgió de las cenizas el miércoles, cuando el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno aceptará una comisión investigadora del caso.

Sin importar que ya pasaron cuatro años, Mendoza lleva con cuidado un cartel con el rostro de su hijo, de entonces 19 años, y llora, pero hoy se siente esperanzada porque antes nadie nos escuchó, nos veían llorar, pero no nos ayudaban a saber dónde están nuestros hijos, afirmó la madre de 42 años.

El miércoles se cumplió el cuarto aniversario del secuestro de los estudiantes por parte de policías corruptos en la ciudad sureña de Iguala. Según la fiscalía, los agentes entregaron a los estudiantes a una pandilla de narcos que supuestamente los asesinaron e incineraron sus cadáveres, pero los cuerpos no han sido hallados, excepto por fragmentos de huesos calcinados de un estudiante.

Tras reunirse con López Obrador, los padres de los 43 desaparecidos dijeron en una conferencia de prensa que tenían esperanza por primera vez en cuatro años.

"Es el primer día en todos estos cuatro años que los padres nos sentimos con esta esperanza", dijo con voz temblorosa Epifanio Álvarez, uno de los dos padres designados como voceros. "Es el primer día en que un gobierno dice, 'sí, le vamos a ayudar, sí vamos a saber la verdad'. Unas dos docenas de madres y padres sostenían en sus manos los carteles con rostros de sus hijos en que se podía leer vivos se los llevaron, con vida los queremos.

"Dios quiera que sí podamos abrazar a nuestros hijos, Dios quiera que sí lleguemos a la verdad", agregó Álvarez.

María Elena Guerrero, una de las madres, dijo que la nueva comisión investigadora se coordinará con un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. "Si no hay verdad, no hay justicia", afirmó.

López Obrador dijo que emitirá un decreto para crear la comisión una vez que asuma el 1 de diciembre. Dijo que los padres de los 43 "son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia".

Mendoza no pierde la esperanza de encontrar con vida a su hijo, un cuerpo está en un lugar, no se mueve, pero vivos los pueden estar moviendo, no hay nada en mi corazón que me diga que no está vivo, añadió la mujer, que dejó su trabajo para dedicarse de lleno a la búsqueda de su hijo.

Han sido cuatro años de suspicacia, engaños y desconfianza hacia los investigadores oficiales, acusados de manipular pruebas, torturar sospechosos y tratar de canalizar la investigación hacia una sola y terrible hipótesis: que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en una fogata colosal en un basural en las afueras de Iguala.

Sin embargo, expertos internacionales y los padres de las víctimas, que dudan de esa teoría, quieren una investigación más exhaustiva de la posible participación del Ejército u otras autoridades.

Alejandro Encinas, nombrado como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el gobierno entrante, confirmó lo dicho por López Obrador. Se investigará a todos y todos son todos, señaló al preguntársele si alcanzaría al Ejército y funcionarios de gobierno. La verdad debe fortalecer a las institucionales, las que la debilitan es la omisión y la complicidad.

Dijo que a pesar del tiempo se puede reconstruir la investigación. No solo será una verdad histórica, vamos a ir a la aplicación de justicia, dijo, haciendo referencia a las palabras empleadas por el gobierno actual cuando dio la versión oficial de los hechos.

Contando uno a uno hasta 43 y gritando los nombres de cada uno de los desaparecidos, las madres y padres de los estudiantes realizaron una marcha para recordar a sus familiares la tarde del miércoles, acompañadas por miles de estudiantes, activistas y personas particulares. Caminaron por la céntrica avenida Paseo de la Reforma hasta la plaza principal de la Ciudad de México.

Estudiantes y familiares de las víctimas han realizado protestas violentas frente a cuarteles militares y en autopistas, en las cuales han arrojado bombas incendiarias y han secuestrado camiones y autobuses.

En junio, una corte federal ordenó al gobierno crear una comisión de la verdad debido a las dudas sobre la investigación, pero el gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto apeló el fallo con el argumento de que el sistema legal mexicano no prevé la creación de semejante organismo.

El presidente mexicano tuiteó el miércoles: "A cuatro años de los muy lamentables sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, el gobierno de la República está comprometido con la justicia y con los familiares de las víctimas".

Peña Nieto ha dicho que está convencido de la veracidad de la teoría de que los cuerpos fueron incinerados, pero la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo en un informe que 34 de las 129 personas arrestadas en relación con la desaparición de los estudiantes fueron torturadas.

La Procuraduría General de la República dijo en un comunicado que los familiares de los desaparecidos tienen el derecho legítimo de pedir justicia, y que durante la investigación han declarado 1.447 personas, y que 69 personas están bajo proceso penal por el delito de secuestro en agravio de los 43 estudiantes, así como 50 por diversos delitos.