EEUU sanciona a círculo cercano del presidente Maduro
CARACAS (AP) La administración de Donald Trump sugirió el martes que el presidente venezolano Nicolás Maduro sería fácil de derrocar por los militares al tiempo en que su gobierno aplicó nuevas sanciones a integrantes del círculo cercano del gobernante socialista, entre ellos la primera dama Cilia Flores y la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
En medio de las fricciones generadas por las sanciones, Trump dijo a la prensa, desde la sede de Naciones Unidas, que sería fácil derrocar al gobierno de Maduro con un golpe si los militares deciden hacerlo.
Pero el gobernante estadounidense no respondió a las preguntas de si considera una acción militar en Venezuela, aunque expresó que lo que sucede en el país es inaceptable y que en el país suramericano impera un régimen opresivo.
Temprano el Departamento de Tesoro anunció en un comunicado las nuevas sanciones, que también tocan los ministros de Comunicación y Defensa, por denuncias de corrupción. Agregó que como parte de las acciones también se congeló un jet privado valuado en 20 millones de dólares perteneciente al empresario Rafael Sarria, que fue sancionado el año pasado y es señalado de ser un presunto testaferro del presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Entre los sancionados figuran también el empresario Edgar Sarria Díaz y el piloto José Omar Paredes y las empresas Agencia Vehículos Especiales Rurales y Urbanos, C.A (Averuca), Panazeate SL, y Quiana Trading Limited, vinculadas a Rafael Sarria.
Al salir en defensa de la primera dama, a la que llama primera combatiente, Maduro respondió con dureza a Estados Unidos y lanzó una advertencia durante un acto en la capital donde estaban los cuatro sancionados: Si ustedes quieren atacarme atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes.
Asimismo, Maduro rechazó la sanción contra Padrino López y dijo que se busca atacar la dignidad de las fuerzas armadas que, aseguró, no han podido dividir.
Flores, de 61 años, ha ocupado diferentes cargos que incluyen la presidencia de la Asamblea Nacional, la dirección de la Procuraduría General y ha sido miembro de la dirección del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. El año pasado fue nombrada miembro de la Constituyente.
La primera dama es considerada por los analistas una figura clave en el oficialismo que participa en la toma de las decisiones y comparte el control político con Maduro.
Padrino López, de 55 años, es uno de los ministros que más ha perdurado en el equipo de Maduro durante sus cinco años de gobierno y ha roto los records de permanencia en el Ministerio de la Defensa, cargo que asumió en 2014.
El Departamento del Tesoro indicó en el escrito que Padrino López ha contribuido a asegurar la lealtad militar al régimen de Maduro y que los hermanos Rodríguez lo ayudan a conservar el poder y consolidar su gestión autoritaria.
Al defender las medidas el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó en un comunicado que Maduro apela a su círculo cercano para aferrarse al poder ya que su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela y sostuvo que Washington continuará aplicando sanciones para imponer un costo financiero a los responsables del trágico declive de Venezuela y a las redes y testaferros que se usan para ocultar la riqueza que obtuvieron ilegalmente.
El gobierno venezolano enfrenta las nuevas sanciones de Washington en medio de una compleja crisis económica con una hiperinflación -que el Fondo Monetario Internacional estima que podría cerrar este año en un millón por ciento-, una severa escasez de bienes básicos y una fuerte recesión. Los problemas económicos han desatado una crisis social y una migración masiva que ha generado preocupación en la comunidad internacional y que será uno de los temas de debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El político opositor y ex viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Milos Alcalay, dijo a The Associated Press que el hecho de que las sanciones se den en medio de la Asamblea General perjudica al gobierno de Maduro porque ahonda el enfoque que hay en la comunidad internacional sobre los problemas de Venezuela y reafirma la necesidad de que se escuchen las recomendaciones de los diferentes gobiernos para afrontar la crisis ya que de lo contrario podrían seguir escalando las sanciones y el aislamiento.
La tensión entre Caracas y Washington, que están sin embajador desde 2010, se intensificaron en los últimos meses luego de que el gobierno estadounidense sancionó a más de una treintena de funcionarios, entre ellos a Maduro, a raíz de la instalación en agosto de 2017 de la Constituyente, que fue objetada por más de una veintena de países.
Asimismo, la Casa Blanca impuso el año pasado sanciones financieras a Venezuela que incluyen la prohibición a los bancos estadounidenses de realizar nuevas transacciones con el gobierno y la corporación Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), las operaciones con bonos y el pago de dividendos al gobierno por parte de Citgo, la filial estadounidense de la empresa petrolera estatal venezolana.