Guatemala quiere acabar, de nuevo, con la CICIG

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) El anuncio del presidente Jimmy Morales de que no respaldará la continuación de los trabajos de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala fue seguido con particular atención desde el televisor de una oficina en un complejo residencial exclusivo del sur de la capital guatemalteca.

Frente al televisor, de camisa y corbata, un hombre con la barba blanca ligeramente crecida seguía con atención cada palabra. No era para menos. Cada frase estaba dirigida hacia él, Iván Velásquez, abogado colombiano y titular de la CICIG, el organismo de Naciones Unidas que junto a la fiscalía guatemalteca se ha lanzado a combatir la corrupción en el país centroamericano y atrevido a hacer algo inusual en el mundo: investigar al presidente en turno.

Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG, oyó decir al presidente, quien la tarde del viernes dio un mensaje a la nación desde el palacio de gobierno, mientras mandos militares y altos funcionarios civiles de su gobierno escuchaban detrás de él. A varios kilómetros de ahí, Velásquez miraba en silencio, rodeado de una docena de colaboradores.

No pronunció una sola palabra. Sólo escuchó y miró al presidente de Guatemala, al hombre que no lo quiere más en su país.

El anuncio de Morales, quien según la CICIG y la fiscalía habría incurrido en irregularidades financieras durante su campaña presidencial, marcó el último episodio de una historia de fricciones que se remonta a 2017.

En agosto del año pasado, Morales declaró a Velásquez persona non grata y ordenó su expulsión. En aquel momento, la Corte de Constitucionalidad revirtió la decisión presidencial.

Ahora, el mandatario ha decidido simplemente no renovar la presencia de la CICIG en 2019, cuando acaba su actual mandato, algo que desató una serie de críticas dentro y fuera de Guatemala, y que los críticos de Morales consideran una maniobra para evitar que lo investiguen, así como a su familia.

Desde el viernes temprano se notaba algo. Vehículos militares se estacionaron frente a la sede de la CICIG y la prensa recibió una invitación para un mensaje del presidente. Velásquez ya estaba en su oficina, sin saco, de camisa amarilla y corbata café a cuadros.

Supo que el presidente hablaría, y siguió el discurso acompañado de sus colaboradores, algunos de los cuales describieron la escena y cómo Velásquez se mantuvo todo el tiempo en silencio. Poco después del mensaje, una periodista de The Associated Press entró al despacho del comisionado y pasó horas ahí.

Cuando acabó el discurso, Velásquez volvió al trabajo: revisó documentos, firmó algunos, intercambió impresiones con algunos de sus colaboradores. En la calle y en las redes sociales todo hervía. Apoyos de varios, críticas de otros. Su equipo le dijo que por seguridad no podía salir y tenía que quedarse. Lo hizo. Trajeron sándwiches y sodas para comer.

Mientras él leía y firmaba, algunos de sus colaboradores y otros empleados de la comisión repetían lo que dijo el presidente. ¿Qué pasará? ¿Ahora qué?

Una hora después del anuncio, el comisionado se paró frente a sus colaboradores y en tono sereno les dijo lo que hizo el presidente _como si no lo hubieran escuchado_, y les pidió que continuaran trabajando. En forma normal, dijo, como se ha venido haciendo. La respuesta no fue una palabra, sino varios minutos aplausos.

El trabajo del comisionado se vio interrumpido a lo largo del viernes por diversas visitas. Diplomáticos, conocidos. Liliana Valiña, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Jordán Rodas, el procurador de Derechos Humanos, acompañaron al comisionado. Por la tarde, una jueza llegó para ver que Velásquez se encontrara bien.

Afuera de la CICIG, cerca de dos docenas de manifestantes contra la Comisión quemaron cohetillos y gritaron consignas en su contra. Varios kilómetros al norte, en la Plaza de la Constitución _sede oficial de gobierno_, unas 600 personas protestaban contra la decisión de Morales.

Senadores estadounidenses rechazaron la decisión del mandatario y pidieron que, en consecuencia, se condicione la cooperación de su país con Guatemala, incluida la ayuda militar.

El presidente enfrenta actualmente un tercer pedido de retiro de inmunidad. La Fiscalía General y la CICIG han dicho que Morales habría incurrido en financiamiento electoral ilícito en 2015. En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y habría recibido más de un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral.

Según las pesquisas, estos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Morales ha negado los cargos.

Esta semana el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del presidente. Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la Fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.

Para el sábado fue convocada otra marcha en favor de la CICIG.

Stephane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU Antonio Guterres, dijo que éste tomó nota de lo solicitado por el presidente guatemalteco y recalcó la importante contribución que CICIG le ha hecho a la lucha contra la impunidad en Guatemala bajo el liderazgo del Comisionado.

Cerca de la medianoche del viernes, Velásquez se retiró de la sede de la CICIG. Seguía de corbata y ahora sólo se puso el saco.