Costa Rica señala a expresidente Arias por decretos ilegales
SAN JOS (AP) La Fiscalía General de Costa Rica confirmó el miércoles que planteó una acusación contra el expresidente Oscar Arias por el delito de prevaricato en relación al caso de la mina de oro a cielo abierto Crucitas.
Arias gobernó entre 1986 y 1990, y después entre 2006 y 2010, y el delito por el que se le señala es cometido por quien, en virtud de un cargo público, toma una decisión arbitraria contraria a la ley.
El caso se remonta a la segunda administración de Arias, durante la cual se firmó un decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero propiedad de la empresa Industrias Infinito (subsidiaria entonces de la canadiense Vanessa Ventures) en la zona norte del país, a 15 kilómetros de la frontera con Nicaragua.
La declaratoria permitía, entre otras cosas, cambios de uso de suelo, tala de árboles vedados y la suspensión de la moratoria a la explotación de oro que existía desde el gobierno anterior de Abel Pacheco (2002-2006).
Sin embargo, un tribunal costarricense declaró en 2010 que los permisos para el funcionamiento de esta mina se dieron de forma ilegal y recomendó la investigación contra varios funcionarios, incluido Arias.
En Costa Rica el caso es popularmente conocido como Crucitas.
El juicio por la mina halló daño ambiental y en 2015 lo cuantificó en 6.4 millones de dólares por la tala de árboles que preparaba el terreno para iniciar los trabajos. La mina como tal no se desarrolló, pero se taló la vegetación que incluía especies de árboles vedadas por ley, como el Almendro Amarillo. Para lograr la minería química de oro a cielo abierto se pretendía excavar un hueco en la tierra y el material se procesaría con cianuro para extraer el oro diseminado. Se calculaba que la extracción sería de unas 500 mil onzas de oro.
Para dar seguimiento a la acusación planteada por la fiscalía, la Procuraduría tendrá 13 días para formalizar la acusación y plantear ante un juzgado la necesidad de una acción civil resarcitoria por el daño provocado al Estado. Concluido ese plazo, los documentos se remitirían a un juzgado y en caso de llegar a juicio el expresidente podría enfrentar una condena que iría de dos a seis años de cárcel.
El año pasado, cuando Arias tuvo que declarar, escribió en redes sociales: Respetuoso de las autoridades judiciales, atenderé oportunamente la citación y colaboraré con la investigación, seguro de que al final del camino prevalecerá la verdad y se confirmará mi plena inocencia.
