Fracasa sesión sobre allanamientos a Cristina Fernández

BUENOS AIRES (AP) La sesión del Senado argentino para tratar el pedido de un juez para allanar tres propiedades de la expresidenta y senadora Cristina Fernández en una causa por presunta corrupción fracasó el miércoles y fue pospuesta para la próxima semana.

La sesión no prosperó porque estaban presentes 36 senadores de los 37 que se necesitaban para dar puntapié al debate. Entre los ausentes estaba la propia Fernández, los integrantes del grupo opositor que la respalda, varios miembros del peronismo y dos del oficialismo que habían informado que estaban de viaje y con licencia médica.

El juez Claudio Bonadío pidió días atrás al Senado autorización para allanar dos casas de la expresidenta (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz y un departamento en Buenos Aires, el cual -según el relato de un arrepentido en la causa- fue durante años el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios para adjudicarse obras públicas.

La autorización de los allanamientos habría supuesto un gesto simbólico de la clase política de permitir que la justicia avance contra la exmandataria, de 65 años, ya que el pedido del juez se conocía desde hace dos semanas.

La titular del Senado, la oficialista Gabriela Michetti, fijó una nueva sesión el 22 de agosto para tratar el asunto.

Teníamos la oportunidad de enviar una señal muy fuerte a la sociedad desde la política... los senadores que no dan quorum cometen un gran error, se lamentó el senador oficialista Luis Naidenoff ante los colegas que esperaban sentados si otros legisladores iban a sumarse. El oficialismo no goza de la mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso.

El peronista Miguel Ángel Pichetto también criticó que la sesión no prosperara al señalar que el allanamiento es una medida de prueba que no define el rango de responsabilidad (de un sospechoso) y al magistrado no se le puede impedir llevarla adelante en esta investigación.

Pero otros miembros del peronismo, espacio político bajo el cual se creó el kirchnerismo, no asistieron a la sesión.

Fernández negó el lunes en el juzgado de Bonadío ser responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos.

La senadora acusó a Bonadío de ser un juez enemigo que ha armado una nueva causa en su contra y afirmó que el disparate del que es víctima se debe a las interferencias del gobierno del presidente Mauricio Macri en la justicia.

En la causa que investiga la considerada mayor trama de corrupción de los últimos años en Argentina hay hasta ahora 14 detenidos, 12 arrepentidos, un prófugo y otros 14 investigados. Además de Fernández también aparece salpicado su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

Según versiones de la prensa local con acceso a la causa -que se encuentra bajo secreto de sumario- al grupo de arrepentidos se sumó la víspera Claudio Uberti, exdirector del rgano de Control de las Concesiones Viales y primer exfuncionario que, en calidad de imputado colaborador, afirmó ante el juez que le entregó bolsos con dinero a Kirchner delante de su esposa en la casa de gobierno.

Según las mismas versiones, empresarios han reconocido ante el magistrado haber pagado millonarios sobornos a funcionarios o haber contribuido bajo extorsión a las campañas electorales del matrimonio Kirchner.

La causa que ahora acapara la atención pública se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado supuestamente registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que numerosos empresarios habrían pagado los sobornos.

Entre los destinos a los que habría llegado el dinero está la residencia presidencial y el domicilio particular en Buenos Aires de Fernández y su esposo, así como los domicilios de algunos exfuncionarios.

Bonadío decidirá en los próximos días si pide de nuevo el desafuero de Fernández en el marco de este supuesto caso de corrupción con el fin de disponer su prisión preventiva.

El juez investiga a la exmandataria en otras causas. En 2017 pidió el desafuero de la senadora para arrestarla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994, sin que hasta ahora el pedido haya sido tratado por los legisladores.