Expresidente salvadoreño Tony Saca acepta confesar delitos

SAN SALVADOR (AP) El expresidente salvadoreño Tony Saca aceptó confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan en el desvío de 301 millones de dólares de las arcas del Estado para obtener una condena menor, informaron el martes sus abogados.

Tres de sus exfuncionarios más cercanos son procesados con él: Elmer Charlaix, secretario privado; César Funes, secretario de Juventud; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Se dijo que ellos también aceptaron su culpabilidad y tras la negociación de sus autoridades con la justicia serán sometidos a un juicio abreviado.

La Fiscalía General solicitó el mismo martes al Tribunal Segundo de Sentencia un proceso abreviado luego de que los cuatro aceptaran declararse culpables, lo que les favorecería con una disminución de la pena.

En vista de que el imputado se declara culpable, entonces el sistema evita toda la actividad probatoria. La ley permite este ajuste de la aplicación de un sanción menor, manifestó el abogado Lisandro Quintanilla.

El expresidente no respondió cuando los periodistas le preguntaron si estaba dispuesto a declararse culpable.

Por su parte el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, aceptó que recibió dinero y afirmó que ya demostró como lo usó. Desde el principio admití que yo había recibido dinero de Casa Presidencial, he demostrado como fue que se ocupó y la Fiscalía mantiene que yo cometí el delito de lavado por la forma en que fue utilizado, dijo en breves declaraciones.

Otros tres implicados en el caso denominado Destape a la Corrupción: Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de Casa Presidencial; Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma institución; y Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia, quedaron fuera del acuerdo y serían procesados en un juicio separado, peros sus abogados dijeron que es probable que también busquen acuerdo similar.

El Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez, rechazó que se esté beneficiando al expresidente y sus funcionarios y afirmó que este es un recurso establecido el Código Procesal Penal y reiteró está comprobado que Saca se apropió de fondos público y favoreció a terceras personas naturales o jurídicas.

Señaló que de los fondos desviados, 195 millones de dólares fueron sacados en efectivo y es de difícil rastreo, de difícil ubicación, pero siguen investigando sus posibles destinos.

Saca, de 53 años, que gobernó el país de 2004 a 2009, fue detenido el 30 de octubre de 2016. Las autoridades sostienen que desvió 301 millones de dólares y que de ese monto unos 195 fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencial y luego transferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca.

El exmandatario y su exsecretario privado están siendo procesados por los delitos de peculado y casos especiales de lavado de dinero por lo que podrían haber recibido una condenado de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, con el acuerdo logrado la Fiscalía ha pedido que a ambos se les impongan la pena de diez años, cinco por peculado y cinco por lavado de dinero, mientras que a Rank y Funes únicamente cinco años de cárcel por lavado de dinero.

Cortez también explicó que las penas de cárcel que han pedido para los imputados es lo que la ley nos establece el Código Procesal Penal y dijo que además de imponerles penas de prisión, tienen contemplado recuperar entre 25 y 30 millones de dólares en bienes e inmuebles.

El expresidente también enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito. La fiscalía lo acusa de incrementar su patrimonio en 3,9 millones de dólares cuando fungió como mandatario, mientras que su esposa, Ana Ligia Mixco, enfrenta una denuncia por no justificar el origen de más de 589.000 dólares. Además está siendo procesado por presuntamente haber sobornado a una empelada judicial, quien supuestamente filtraba.

Saca es el tercer mandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo domiciliar, y Mauricio Funes (2009-2014), quien esta asilado en Nicaragua.