Impugnación de California a muro depende de jurisdicción
PASADENA, California, EE.UU. (AP) Una impugnación interpuesta contra la construcción del muro fronterizo del gobierno del presidente Donald Trump pendía el martes de si el estado de California y grupos ambientalistas pueden siquiera disputar un proyecto de ese tipo en tribunales inferiores.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito pasó apuros con una ley que concedió al secretario de Seguridad Nacional amplia autoridad para dispensar cualquier otra ley a fin de acelerar la construcción de secciones del muro fronterizo. La ley también restringió algunas impugnaciones judiciales presentadas ante la Corte Suprema.
Los abogados del estado y de organizaciones ecologistas arguyeron que la ley de 2005 había expirado y que la Corte debía considerar sus acusaciones de que el gobierno federal excedió su autoridad y que debe acatar las leyes ambientales.
El meollo del asunto es una ley de 2005 que concedió al titular de Seguridad Nacional amplia autoridad para dispensar todo requisito legal, incluyendo aquellos de la Ley de Política Ambiental Nacional, la Ley de Aire Limpio y la Ley de Especies en Peligro. Estas leyes requieren revisiones que toman tiempo y están sujetas a prolongadas impugnaciones judiciales que pueden demorar e incluso frustrar proyectos.
El caso examinado el martes corresponde a una apelación contra una decisión favorable al gobierno que el juez federal Gonzalo Curiel, de San Diego, emitió en febrero. El presidente había criticado reiteradamente a Curiel durante la campaña de 2016 debido a un caso ajeno que implicaba denuncias de fraude y a la ahora desaparecida Universidad Trump.
Unos 15 manifestantes se congregaron el martes frente al tribunal con carteles que decían Nada de muros en la naturaleza y Libertad para los inmigrantes.
California sostiene que la ley que autoriza las dispensas perdió vigencia en 2008, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos satisfizo los reclamos del Congreso en cuanto a la magnitud del muro a construir. Se sumaron a la apelación varios grupos defensores del medio ambiente y la vida silvestre, como el Centro para la Diversidad Biológica, el Club Sierra, Defensores de la Vida Silvestre y el Fondo de Defensa Jurídica para los Animales.
Se trata de un debate legislativo trunco que data de hace 13 años, dijo afuera de la corte el abogado Brian Segee, del Centro para la Diversidad Biológica, que no es parte en el caso. Toda la discusión se reducía a queremos completar el muro en San Diego. Ahora todo se ha traducido a tenemos la autoridad para saltarnos todas las leyes para siempre y a perpetuidad.
El gobierno ha emitido tres dispensas en el último año, dos para construir el muro en partes de California y una para una parte de Nuevo México. El gobierno del presidente George W. Bush emitió las cinco dispensas previas, lo que permitió que las barreras fueran ampliadas a un tercio de la frontera.
En California, el gobierno comenzó a remplazar las barreras en un tramo de 23 kilómetros (14 millas) en San Diego y en un tramo de 3 kilómetros (2 millas) en Calexico. Las dispensas allanaron el camino para que el gobierno construyera ocho prototipos del muro en San Diego.
Trump ha pedido un presupuesto de 25.000 millones de dólares en 10 años para el muro y tecnología de seguridad fronterizos, y ha dejado entrever la posibilidad de un cierre del gobierno si el Congreso no autoriza dichos fondos. El gobierno recibió este año 1.600 millones de dólares y ha solicitado la misma cantidad en el presupuesto del año entrante, principalmente para la construcción en el Valle del Río Grande en Texas.
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El periodista de The Associated Press, Elliot Spagat, en San Diego, contribuyó a este despacho.
