Caso ecuestre revela fallas en normas contra abuso sexual

Jueces, organizadores de eventos e incluso jinetes fueron tomados por sorpresa cuando un reconocido juez fue expulsado de uno de los eventos ecuestres más importantes del año.

Su destitución, resultó ser, se debió a que su nombre había sido registrado por el U.S. Center for SafeSport, un organismo recién creado que revisa casos de abuso sexual en los deportes olímpicos, ya que hace cinco años el juez se declaró culpable de un delito menor de agresión sexual _un incidente que no involucró a menores de edad ni a alguien más de este deporte.

Sin embargo, si él hubiera participado en el evento como entrenador, el caso nunca habría sido descubierto. Dado que los jueces en el mundo de los eventos ecuestres son sometidos a un escrutinio minucioso en un esfuerzo por proteger a los deportistas del abuso sexual, la federación que supervisa el deporte a nivel olímpico no aplica las mismas reglas para la vasta mayoría de entrenadores y adiestradores _los individuos que tienen un mayor contacto día a día con los jinetes.

El caso que involucra al juez Robert Bielefeld ofrece una reveladora muestra de algunas de las dificultades y consecuencias involuntarias que presenta la misión del movimiento olímpico de Estados Unidos que lucha contra el abuso sexual dentro de sus filas. Se trata de una misión que adquirió mayor urgencia después del escándalo de abuso sexual que sacudió a la federación estadounidense de natación en 2010, que llegó a acaparar los titulares al darse a conocer los abusos cometidos por el médico Larry Nassar contra cerca de 300 gimnastas, entre ellas varias integrantes del equipo olímpico de Estados Unidos.

La misión ha también aumentado la presión para directivos de decenas de deportes especializados, muchos de ellos expertos en sus áreas pero sin habilidades para diseñar políticas para la prevención del abuso sexual capaces de crear un impacto importante para las víctimas y acusados.

Molesto. Decepcionado, dijo David Distler, gerente de Devon Horse Show, sobre la reacción de Bielefeld ante su expulsión del famoso evento que se realiza durante el fin de semana del Día de los Caídos en Guerras. l creyó que ya estaba resuelto, concluido, y de pronto salió de nuevo de la nada.

Bielefeld no respondió a numerosas solicitudes de The Associated Press, hechas vía telefónica, por correo electrónico y redes sociales, en busca de declaraciones para este artículo.

De acuerdo con registros de la corte, en abril de 2013, Bielefeld pidió que un empleado de un hotel en Lexington, Virginia, fuera a su habitación para arreglar su televisor. Luego empujó al empleado a su cama, se desnudó y empezó a masturbarse.

El empleado huyó de la habitación y reportó el incidente al gerente del hotel, quien lo exhortó a llamar a la policía. En cuestión de horas, Bielefeld se encontraba detenido.

Poco tiempo después, el juez se declaró culpable de un cargo del delito menor de agresión y de otro de intento de agresión sexual. Recibió una sentencia de seis meses de prisión _que fue suspendida_ y 12 meses de libertad condicional, además del pago de multas.

Una vez que cumplió con el periodo de libertad condicional el caso fue cerrado, y Bielefeld reanudó su papel como juez ecuestre _un trabajo que no implica situaciones de contacto directo con jinetes o menores de edad.

En un giro que ilustra la confusión que rodea las nuevas políticas, Bielefeld también trabaja como entrenador en un criadero de caballos en Florida. Pero de no haber sido además un juez, este caso _y su suspensión_ no habrían resurgido.

La Federación Ecuestre de Estados Unidos, que supervisa el deporte a nivel olímpico, exige que cerca de 2.400 personas sean sometidas a revisiones de antecedentes, si bien la gran mayoría de ellos se encuentran en el lado administrativo del deporte. La lista no incluye entrenadores y adiestradores que trabajan con caballos y sus jinetes, ya que son considerados empleados independientes.

De acuerdo con las estadísticas del gobierno de Estados Unidos, existen aproximadamente dos millones de dueños de caballos en el país, y al 7% de ellos (cerca de 140.000) se le considera entrenadores profesionales, aunque esa cifra está dividida en muchas partes _incluyendo carreras y espectáculos ecuestres.