Llega a Corte Suprema comisión de la verdad de caso Iguala

CIUDAD DE MÉXICO (AP) El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha una batería de instrumentos legales que acaban de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra una sentencia que lo obliga a crear una comisión de la verdad para volver a investigar la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, uno de los crímenes de mayor impacto dentro y fuera del país durante la actual administración.

Según la lista de acuerdos publicada el martes por el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del máximo tribunal atrajo los recursos de revisión extraordinarios interpuestos por varias instancias oficiales sobre el caso Ayotzinapa, el nombre del municipio del estado de Guerrero donde está la escuela donde estudiaban los jóvenes. La primera sala de la SCJN será quien se pronuncie sobre el tema.

El 4 de junio, un tribunal colegiado amparó a cuatro personas acusadas de los crímenes de 2014 por presumir que las confesiones e imputaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura, y determinó que la investigación del caso no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República.

Por eso, no solo ordenó rehacer todas las pesquisas, sino que determinó crear una comisión de la verdad integrada por representantes de las víctimas, el ministerio público y el ombudsman, y a la que se podrían incorporar organizaciones internacionales.

La sentencia marcó un punto de inflexión en el caso porque, cuatro años después de los hechos, confirmó judicialmente muchas de las irregularidades y obstrucciones a la justicia denunciadas por expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El grupo tiró por tierra la versión oficial de que los 43 jóvenes habían sido habían sido entregados por policías locales a un grupo del crimen organizado y quemados en un basurero y pidió investigar a autoridades y fuerzas de seguridad de todos los niveles de gobierno, incluido el ejército, algo que nunca se cumplió.

Organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alabaron la decisión del tribunal. Sin embargo, la fiscalía federal mexicana la rechazó desde el inicio y distintas instancias del ejecutivo iniciaron una estrategia legal para intentar paralizarla bajo el argumento de que se había excedido en sus competencias y era inconstitucional.

Carla Huerta, constitucionalista y miembro del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, explicó que, técnicamente, ante un recurso de amparo "los jueces pueden anular una investigación, regresarla y que se empiece de cero pero no pueden decir quién y cómo deben hacerla porque eso lo dicta la ley" y es potestad del ministerio público. Por este motivo, dijo que sí puede entenderse que los jueces se extralimitaron en sus funciones al ordenar la creación de la comisión, cuyo establecimiento correspondería al ejecutivo. Sin embargo, dada la gravedad del caso, debería imponerse una interpretación política de la sentencia, apuntó.

El abogado experto en litigios internacionales de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez, reconoció que puede haber cierta polémica en la orden de crear la comisión pero subrayó que "la sentencia es clarísima en cuanto a las irregularidades cometidas en la investigación o la necesidad de investigar a funcionarios involucrados por lo que hay un montón de cosas que la PGR tiene que cumplir y no podría ampararse". A su juicio, lo más importante que exhibió el tribunal es "una situación estructural de impunidad" existente en México.

La justicia mexicana ya había aceptado algunos amparos de parte del más de centenar de detenidos por este caso, pero nunca se había pronunciado con una sentencia de tanto alcance. Otros procesados confían en poder beneficiarse del fallo. Por ejemplo, Luis Argüelles, abogado de José Luis Abarca, alcalde de Iguala, la localidad donde ocurrieron los crímenes, confió en que pueda favorecer también a su cliente.

La sentencia quedó en suspenso hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre su cumplimiento. Al margen de la decisión, el próximo gobierno, que asumirá el poder el 1 de diciembre, ya se pronunció a favor de crear una comisión de la verdad, con lo que algunos analistas consideran que la estrategia oficialista conseguirá ganar tiempo.

El ejecutivo tiene potestad para crear este tipo de instrumentos y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo hará como parte del proceso de pacificación al que se ha comprometido.

Cuatro años después de los crímenes de Iguala, no hay ningún sentenciado por las 43 desapariciones, 6 asesinatos y más de 180 víctimas de los ataques del 26 de septiembre de 2014.