EEUU: Tras ser procesados en frontera migrantes siguen viaje

MCALLEN, Texas, EE.UU. (AP) Manuel Martínez, quien huyó de Honduras porque las pandillas locales trataban de reclutar a su hijo de 12 años, estaba preparado para ser separado del menor después que cruzó el río Bravo en bote y fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Sus peores temores no se materializaron.

Martínez se declaró culpable de ingreso ilegal el miércoles _el día que el presidente Donald Trump ordenó dar fin la separación de familias inmigrantes_, y aunque no estuvieron bajo el mismo techo, él y su hijo fueron alojados en el mismo complejo. Fueron reunidos el sábado y dejados en libertad en Estados Unidos mientras se procesa su solicitud de asilo, aunque Martínez lleva un dispositivo de rastreo.

Me preocupó pero nunca me separaron, dijo Martínez en una estación de autobuses de McAllen, donde abordarían uno para viajar hacia Atlanta para reunirse con un amigo.

La estación de McAllen, ubicada en el corredor más concurrido de inmigrantes que entran en el país sin autorización, se ve muy similar a los días previos a que el gobierno federal implementara la política de cero tolerancia a principios de mayo para procesar judicialmente a todos los acusados de ingreso ilegal. La política resultó en la separación de más de 2.300 niños de sus padres antes de que Trump reculara ante las críticas internacionales.

En un día típico, más de 100 solicitantes de asilo salen de las instalaciones de reclusión del área metropolitana de McAllen, con sus pertenencias guardadas en bolsas de plástico con logotipos del Departamento de Seguridad Nacional, dijo Norma Pimentel, directora ejecutiva del grupo Caridades Católicas del Valle del Río Grande.

Son llevados por voluntarios hasta las oficinas del grupo, a unas manzanas de distancia, donde pueden bañarse, comer y descansar, aunque lo primero que hacen los voluntarios es repartir cordones para los zapatos porque se los confiscan a los inmigrantes en detención para evitar suicidios.

Todos los días son igual. Nunca se acaba, dijo Pimentel mientras algunos niños jugaban en el piso.

Las autoridades han usado durante años dispositivos de rastreo para mantener vigilados a los inmigrantes mientras esperan la resolución de sus procesos en las cortes.

Pero McAllen, una ciudad de 130.000 habitantes, es sólo un pequeño ejemplo de la situación que vive la frontera, donde la marcha atrás a la separación de familias ha sembrado caos e incertidumbre, y ha habido pocas aclaraciones por parte del gobierno.

No se sabe con certeza cuántos solicitantes de asilo siguen entrando en el país, ni cuántos son detenidos como familias o cuántos han sido dejados en libertad. No se sabe tampoco cuánto tiempo llevará que todos los niños sean reunidos con sus padres y tutores.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el sábado que 522 menores han sido reunidos con sus padres y que ha establecido un proceso para garantizar que las familias sepan dónde están sus hijos y puedan comunicarse con ellos.

Agregó que más de 2.000 niños siguen separados, pero que el gobierno sabe dónde están y que realiza gestiones para reunirlos con sus familias.

Trump hizo patente su frustración por la crisis con un tuit en el que dijo que las personas que crucen la frontera no deben recibir audiencias en la corte.

No podemos permitir que estas personas invadan nuestro país, escribió el presidente el domingo. Cuando alguien entre, debemos regresarlo por donde vino, sin jueces ni procesos en la corte. Nuestro sistema es una burla a las buenas políticas de inmigración y a la ley y el orden.

Las autoridades federales están alistando un centro especial de reunificación en un centro de detención remoto en Port Isabel, a unos 88 kilómetros (55 millas) al este de McAllen.

Unas 70 familias llegaron al albergue de Caridades Católicas de McAllen la tarde del sábado. Y casi todas se fueron al siguiente día en autobús hacia otras ciudades del país.

Pimentel dijo que la mayoría de los que llegaron el sábado no fueron acusados penalmente, pero que no cree que sea indicio de un cambio en la política del gobierno de procesar de esa manera todos los ingresos ilegales.

Las autoridades han tomado medidas para detener a más personas, incluso a los solicitantes de asilo, pero tienen límites en el espacio de reclusión, en particular para las familias. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene unas 3.300 camas en tres centros de detención en Texas y Pensilvania.

Tienen un límite a cuánto pueden manejar, y quizá ese sea un factor determinante en el número de excarcelaciones, dijo Pimentel.

Patricia Lozano, de 27 años, dijo que huyó de Honduras en busca de un mejor empleo para mantener a sus tres hijos, de 6, 8 y 9 años. No fue acusada penalmente ni se le separó de sus pequeños.

Le tomó un mes atravesar México en autobús, y en ese tiempo se enteró de que en Estados Unidos estaban separando a las familias, pero decidió arriesgarse.

Ya estaba en camino, dijo mientras esperaba un autobús hacia Los Ángeles, donde se reunirá con familiares. Todo salió bien gracias a Dios.

Abel, un productor de café de 40 años de Jutiapa, Guatemala, pidió asilo en la frontera de Estados Unidos para él y para su hijo de 17 años, Hugo. Fueron detenidos el jueves, alojados por separado en el mismo centro de detención por dos días y liberados juntos el sábado.

Dijo que dejó su país porque las pandillas querían reclutar a su hijo. Pidió que no se usara su apellido para no poner en peligro a su esposa y sus cinco hijas que se quedaron en Guatemala.

Abel dijo que todos saben que las familias podrían ser separadas en la frontera.

Pero la necesidad le hace a uno arriesgarse, dijo. El presidente (Trump) dice que se para, pero sigue entrando gente porque hay mucha necesidad.

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La periodista de The Associated Press Colleen Long, en Washington, contribuyó a este despacho.