Corte Suprema de EEUU defiende privacidad de celulares
WASHINGTON (AP) Antes de examinar los registros que podrían revelar dónde han estado los usuarios de teléfonos celulares, la policía de Estados Unidos debe en términos generales contar primero con una orden judicial, falló la Corte Suprema del país en lo que constituye una gran victoria para la privacidad en la era digital.
El fallo de los magistrados del viernes, por 5-4, marca un gran cambio en la manera como la policía podría obtener información que las compañías telefónicas recogen de las torres de telefonía celular que se encuentran en todas partes y que permiten a las personas enviar y recibir llamadas o datos. La información es una herramienta importante en las investigaciones criminales.
El magistrado presidente, John Roberts, junto con los cuatro magistrados liberales, dijo que la información sobre la ubicación de un celular es detallada, muy vasta y compilada sin esfuerzo. Roberts dijo que un individuo mantiene una expectativa legítima de privacidad en el registro de su movilidad física captada por las torres de telefonía celular.
Roberts dijo que la decisión de la Corte se limita a la información para rastrear un teléfono celular y no afecta los registros de otras actividades, como las que conservan los bancos. También escribió que la policía aún puede responder a una emergencia y obtener los registros sin una orden judicial.
Sin embargo, los magistrados conservadores que votaron en contra _Anthony Kennedy, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch_ manifestaron sus dudas sobre la afirmación de Roberts de que el fallo era limitado. Cada uno escribió una opinión discordante y Kennedy señalo en la suya que el nuevo curso desconocido inhibirá la acción policial y mantendrá a los acusados y jueces adivinando en los años venideros.
Roberts a menudo no se alinea con sus colegas liberales contra un frente unificado de magistrados conservadores, pero los casos de privacidad en la era digital pueden cruzar líneas ideológicas, como cuando la Corte dijo en forma unánime en 2014 que es necesaria una orden judicial antes de que la policía pueda registrar el celular de algún detenido.
