Avanza el diálogo en Nicaragua, se baraja adelanto electoral

MANAGUA (AP) La mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición logró superar un impase el viernes de más de ocho horas después de consensuar una propuesta de ingreso urgente de organizaciones internacionales en Nicaragua, el retiro de más de 140 bloqueos en diferentes carreteras del país y un posible adelanto de elecciones para marzo de 2019.

La decisión establece la llegada urgente e inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del alto comisionado de Naciones Unidas y de la Unión Europea, así como de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, según el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que media en las conversaciones.

Los organismos de derechos humanos fueron invitados para investigar las muertes y los hechos de violencia en las protestas iniciadas el 18 de abril, identificar a los responsables y desarrollar un plan de atención a las víctimas para que se alcance una efectiva justicia.

De igual forma se decidió conformar una Comisión de Verificación y Seguridad que garantice el cese de la violencia venga de donde venga y la retirada de los bloqueos viales en todo el país, ambas cosas una vez hayan llegado los organismos extranjeros.

Además, se acordó una nueva reunión el sábado 16 de junio para tratar la democratización de Nicaragua, que incluye un posible adelanto de elecciones para marzo del próximo año.

Los obispos leyeron la propuesta que presentaron al presidente Daniel Ortega, en la cual le pidieron el adelanto de los comicios que estaban programadas para el 2021 con un nuevo Poder Electoral, observación electoral local y extranjera, así como reformas constitucionales que incluyan la no reelección.

Ortega dijo estar abierto a discutir cualquier propuesta que quede dentro del marco constitucional, según la lectura que hizo el cardenal Leopoldo Brenes.

Nos parece que es un buen resultado, estamos satisfechos hemos avanzado, esperemos que haya cumplimiento de los acuerdos, dijo Juan Sebastián Chamorro, uno de los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos.

El resultado es para todo el pueblo de Nicaragua, no solo para el gobierno, por la inseguridad, la necesidad de retomar la paz y la confianza. El cese de la violencia es una necesidad básica fundamental, que no haya más muerte, torturas, que no haya más angustia, zozobra a los nicaragüenses, dijo por su parte el canciller Denis Moncada.

Más de tres semanas después de que se interrumpieran oficialmente las conversaciones iniciales, los obispos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y representantes del gobierno se reunieron en el Seminario de Fátima para intentar superar la crisis que ya se ha cobrado la vida de 168 personas, según el ejecutivo, y unas 200 de acuerdo a los organismos de derechos humanos.

Antes de alcanzar el acuerdo se había dado un impase debido a que el gobierno condicionaba la llegada de los organismos internacionales al retiro de los cortes de carreteras. Los asistentes estuvieron reunidos casi nueve horas hasta que aparecieron con el comunicado.

No veo por qué no se acepte la intervención de una tercera instancia que pueda establecer la verdad, habría dicho el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez. Nicaragua necesita reestablecer la justicia.

Los obispos han solicitado al gobierno información sobre el equipo especializado de la CIDH que se encargará de investigar las muertes y la violencia, y sobre el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones de ese organismo que forman parte del informe presentado semanas atrás.

Las manifestaciones y la tensión en las calles comenzaron a mediados de abril para protestar contra las reformas al seguro social. En cuestión de días, Ortega suspendió dichos cambios, pero las marchas no solo continuaron, sino que se hicieron más grandes, y en ellas se empezó a solicitar la renuncia del sandinista, a quien acusaban de autoritarismo.

El diálogo quedó paralizado el 23 de mayo y se planteó una hoja de ruta hacia la celebración de elecciones democráticas que incluía una reforma a la ley electoral, adelantar los comicios y prohibir la reelección presidencial, entre otros temas, algo que el ejecutivo consideró un golpe de Estado.

Desde entonces, las protestas continuaron y también las acciones violentas y represivas mientras los obispos intentaban reactivar las conversaciones.