Argentina: pulso político en el Senado por suba de tarifas

BUENOS AIRES (AP) Opositores buscaban aprobar el miércoles en el Senado argentino una ley que bloquearía la impopular suba de las tarifas de gas, luz y agua aplicada por el gobierno en el marco de un ajuste con el que quiere ganarse la aprobación de los mercados.

El presidente Mauricio Macri, un conservador que llegó al poder en diciembre de 2015, tiene decidido vetar la ley de ser aprobada. El mandatario impediría así que se retrotraigan las tarifas a los valores de noviembre de 2017 como desean los opositores, pero sufriría un alto costo político y ante la opinión pública, que afronta subas de gas de hasta 40%.

El proyecto -que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados- cuenta con el amplio respaldo de los peronistas, algunos de los cuales responden a la senadora y expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), una de las mayores referentes opositoras al gobierno. El oficialismo carece de la mayoría en la cámara alta.

Al abrir el debate, el senador peronista José Mayans defendió los puntos del proyecto que declaran la emergencia tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2019, retrotraen los precios a noviembre de 2017 y establecen que las tarifas para los trabajadores no superen el coeficiente de variación salarial.

A mayor justicia social, mayor paz social... y el que no quiere entender esto veremos las consecuencias, sostuvo.

Poco antes, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había dicho que el Congreso no tiene atribuciones para decidir las tarifas y que el proyecto mina la confianza internacional en el país.

Tenemos que dar claras señales al mundo que ahora nos mira con mucha inquietud... no vamos a dudar un instante en hacer las cosas que tenemos que hacer, dijo Frigerio a Radio Mitre al ratificar el eventual veto presidencial de la iniciativa.

El senador Miguel Ángel Pichetto -líder de unos de los bloques peronistas- replicó que la aprobación de la norma sería un mensaje político del Congreso al gobierno de que hay poca tolerancia social de cara a los aumentos fuertísimos que se están dando no solamente en los servicios sino en todos los insumos de la canasta familiar.

La iniciativa opositora también establece que las tarifas para pequeñas y medianas empresas no superen el índice de precios internos al por mayor y obliga a las empresas de servicios a garantizar crédito a favor de los usuarios si entre noviembre de 2017 hasta la promulgación de la ley hubieran abonado un monto mayor al que les correspondería.

En contrapartida, el oficialismo propone rebajar el IVA a los servicios para usuarios residenciales y empresas.

Macri sostiene que no hay otro camino que actualizar las tarifas y advirtió que lo que propone la iniciativa generaría un agujero fiscal que el gobierno no tiene dinero para cubrir.

El alza tarifaria es producto de la eliminación de millonarios subsidios que mantuvieron las tarifas congeladas durante la gestión de Fernández, especialmente en la zona metropolitana de Buenos Aires, pese a la sostenida inflación anual. Según el presidente los subsidios no son gratis y lo pagamos todos con más inflación y deuda.

La votación se produce a pocos días de que Argentina fuera sacudida por una crisis cambiaria durante la cual el peso sufrió una fuerte devaluación que determinó la venta de miles de millones de dólares de reservas del Banco Central y que condujo al gobierno a solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, un límite al alza tarifaría dejaría de manifiesto las trabas políticas internas que afronta el gobierno a la hora de aplicar reformas económicas e iría en contra de su estrategia de lograr un crédito cuyo monto todavía no está definido.

El senador Marcelo Fuentes, que responde a la expresidenta, dijo que poner un límite a esa pretensión desmedida tarifaria es un mensaje al gobierno y también hacia el FMI.

Si no pasan las tarifas es evidente que el gobierno no va a tener acompañamiento en el resto de los ajustes que va a tratar de imponer en materia laboral y previsional, afirmó.

El llamado tarifazo ha repercutido en el costo de vida y agudizado el descontento social.

Una encuesta de la consultora Tendencias realizada en la capital en abril reveló que 59,6% de los encuestados considera los aumentos excesivos e injustificados, mientras que 39,5% opinó que eran muy altos pero necesarios. La misma encuesta, con un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, indicó que 62% tiene una imagen negativa del gobierno y 38% positiva.

La inflación de abril fue de 2,7%, por encima de las previsiones iniciales del gobierno, y economistas creen que la suba de precios este año será igual o mayor a la del 24,8% de 2017.