Agente interroga a dos mujeres en Montana por hablar español

HAVRE, Montana, EE.UU. (AP) Un encuentro entre un agente de la Patrulla Fronteriza y dos mujeres que estaban hablando en español en una gasolinera de Montana está siendo examinado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, informó esa agencia el lunes.

En otras ocasiones los agentes de Montana han enfrentado recriminaciones de incurrir en actitudes racistas para averiguar el estatus migratorio de algunas personas.

Las mujeres, ambas nacidas en México y naturalizadas estadounidenses, dijeron que el agente las detuvo unos 35 minutos el miércoles pasado en Havre, una pequeña ciudad del norte del estado a 48 kilómetros (30 millas) de la frontera con Canadá. Una de las mujeres, Ana Suda, le preguntó al agente por qué les había pedido sus identificaciones.

Lo grabé admitiendo que nos detuvo porque estábamos hablando español, sin ninguna otra razón, escribió Suda en Facebook el miércoles por la mañana. Recuerden no hablar en español, parece que es ilegal.

Ni Suda ni su amiga, Mimí Hernández, respondieron sus teléfonos celulares ni a mensajes de texto el lunes. En el video grabado por Suda, publicado por la cadena de televisión KRTV en Great Falls, Montana, el agente dice que hablar en español es muy inusual por aquí.

Suda declaró a The New York Times que tiene pensado presentar una queja formal ante Aduanas y Protección Fronteriza, y le dijo a The Washington Post que piensa comunicarse con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para pedirle asesoría jurídica.

Alex Rate, director jurídico de la oficina de la ACLU en Montana, dijo el lunes que las mujeres no se han comunicado aún.

Los hechos son preocupantes, afirmó.

Jason Givens, portavoz de la agencia, rechazó responder preguntas sobre el incidente. Sin embargo, emitió un comunicado en el que indicó que lo sucedido está bajo revisión para garantizar que se cumplió con todas las políticas adecuadas.

Aunque la mayor parte del trabajo de la Patrulla Fronteriza se lleva a cabo en la zona adyacente a la frontera, los agentes tienen amplia autoridad policial y no están limitados a un área geográfica específica dentro de Estados Unidos, se lee en el comunicado. Tienen la autoridad de interrogar a individuos, realizar arrestos, y recabar y examinar evidencia.

La ley le autoriza a los agentes de la Patrulla Fronteriza hacer detenciones sin una orden judicial a una distancia razonable de la frontera, lo cual está definido como un margen de 160 kilómetros (100 millas) bajo las regulaciones federales. Dicha autoridad amplia ha derivado en denuncias de actitudes racistas por parte de los agentes que abordan autobuses y trenes y detienen a la gente en puestos de control en las carreteras.

Havre, que tiene poco menos de 10.000 residentes y está cerca de dos reservas indígenas, tiene una población mayoritariamente blanca con sólo el 4% de hispanos, de acuerdo con la Oficina del Censo.

Normalmente es una zona tranquila para la Patrulla Fronteriza. El año pasado, los 183 agentes del sector de Havre realizaron 39 arrestos, tan solo el 0,01% de los 310.531 efectuados por los agentes fronterizos a nivel nacional. Once de esas 39 personas detenidas eran mexicanas.

La confrontación de la semana pasada ocurrió menos de un día después de la difusión de otro video en el que se ve a un abogado de Nueva York que despotrica contra empleados que hablan español en un restaurante y amenaza con llamar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que los echen de mi país.

En una demanda federal presentada el mes pasado se afirma que en 2016 agentes de la Patrulla Fronteriza de Havre detuvieron casi 24 horas a una recién casada con cuatro meses de embarazo y a su esposo de México, aunque ambos les habían mostrado documentos con los que mostraban tener autorización para estar en el país. Aduanas y Protección Fronteriza no ha respondido a las acusaciones civiles de arresto y encarcelamiento ilegal, negligencia e infligir angustia emocional intencionalmente.

En 2015, la Patrulla Fronteriza de Montana estableció una política en la que prohibió detener a personas para verificar su estatus migratorio, con lo cual se alcanzó un acuerdo por una demanda en la que se afirmaba que los agentes solían arrestar a personas por infracciones menores para hacer precisamente eso.