EEUU: Nombran más fiscales y jueces de inmigración
PHOENIX (AP) El Departamento de Justicia añadirá más fiscales y jueces para reducir el rezago de casos de inmigración en la frontera de Estados Unidos con México, anunció el miércoles su titular Jeff Sessions.
En un comunicado desde Washington, D.C., Sessions dijo que se crearon 35 nuevos puestos de vicefiscal federal para ayudar a procesar los casos de ingreso ilegal y contrabando de inmigrantes en los cuatro estados que comparten frontera con México.
Los nuevos puestos en California, Arizona, Nuevo México y Texas forman parte de la política de cero tolerancia que anunció Sessions el mes pasado para hacer frente a un nuevo incremento en las detenciones en la frontera, indicó el departamento.
Para acelerar el procesamiento de los casos, 18 jueces supervisores de inmigración dirimirán casos en cortes de inmigración cerca de la frontera, tanto en persona como por videoconferencia.
James McHenry, director de la Oficina Ejecutiva para Evaluación de Casos de Inmigración (EOIR por sus siglas en inglés), dijo que la medida representa un aumento de casi 50% en el número actual de jueces de inmigración.
La oficina de McHenry envió a más de 100 jueces de inmigración a las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional en diversas partes del país entre marzo y septiembre de 2017, incluidas aquellas ubicadas en la frontera suroeste.
En octubre pasado, la oficina estimó que los jueces enviados habían ayudado a completar cerca de 2.700 casos adicionales.
Al desplegar estos recursos adicionales en la frontera suroeste, el Departamento de Justicia y el gobierno de Trump dan otro paso para proteger a nuestra nación, a sus fronteras y a sus ciudadanos, puntualizó Sessions.
La dura postura de Sessions ante la inmigración se ha traducido en la expansión de un programa llamado Operación Streamline, el cual se asegura de que los inmigrantes acusados de ingresar a Estados Unidos de forma ilegal completen en un día lo que alguna vez fue un proceso de meses de duración.
Los críticos del programa afirman que viola el debido proceso y no impide las reincidencias.
