EEUU procesa a migrantes de la caravana criticada por Trump

TIJUANA, México (AP) Inspectores fronterizos de Estados Unidos permitieron que algunos solicitantes de asilo centroamericanos entraran al país para ser procesados, poniendo fin a un breve impase por falta de espacio. Pero ahora, los migrantes que cruzaron México en una caravana podrían enfrentar un largo proceso legal.

Los organizadores de la caravana dijeron que ocho miembros de la caravana fueron autorizados a ingresar en territorio estadounidense para que los entrevistaran funcionarios de asilo, aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) no dio cifra alguna.

Otros 140 siguen esperando en México para entregarse en el paso fronterizo de San Ysidro, en San Diego, dijo Alex Mensing, organizador del proyecto de Pueblo Sin Fronteras, el grupo que organizó la caravana.

Los ánimos están altos, hubo buenas noticias para todos, dijo Mensing desde lado mexicano de la frontera tras saber que algunos de los migrantes pudieron cruzar.

Abogados estadounidenses de inmigración, que ofrecieron asesoramiento legal gratuito en Tijuana la semana pasada, advirtieron a los migrantes que podrían ser separados de sus hijos o que podrían estar detenidos durante meses mientras se resuelven sus casos de asilo.

Los solicitantes de asilo generalmente son detenidos durante tres días en la frontera y luego son entregados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Si pasan una evaluación inicial con un funcionario de inmigración, los solicitantes pueden quedar detenidos o salir en libertad en Estados Unidos, pero con una tobillera de localización, hasta que sus casos concluyen en una corte de inmigración, lo que podría demorarse varios años.

Casi el 80% de los solicitantes pasaron la evaluación inicial entre octubre y diciembre, pero pocos de ellos obtendrán la protección de forma definitiva.

La tasa de denegación de asilo entre salvadoreños fue del 79% entre 2012 y 2017, según el Transactional Records Action Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Por detrás están hondureños, con un 78%, y guatemaltecos, con el 75%.

Funcionarios del gobierno de Trump criticaron lo que calificaron de recovecos y las políticas que permiten a los solicitantes de asilo quedar en libertad mientras sus casos avanzan en los tribunales. El presidente tuiteó el lunes que la caravana muestra lo débiles e ineficaces que son las leyes migratorias estadounidenses.

El secretario de Justicia, Jeff Sessions, se comprometió a enviar más jueces de inmigración a la frontera si era necesario y amenazó con abrir procesos penales. La dependencia a su cargo dijo el lunes que presentó cargos por entrada ilegal al país contra 11 personas identificadas como miembros de la caravana.

La CBP explicó que la semana pasada procesó a cientos de solicitantes de asilo, muchos de ellos mexicanos, lo que contribuyó a una saturación que hizo que rechazaran a los miembros de la caravana que comenzaron a llegar el domingo por la tarde.

Pero los solicitantes de asilo no parecieron desalentados por las demoras.

La salvadoreña Elin Orellana, de 23 años, quien está embarazada, dijo que está escapando de la pandilla MS-13, blanco favorito de Sessions y Trump debido a los asesinatos brutales que ha cometido en Estados Unidos. Orellana dijo que su hermana mayor fue asesinada por esa pandilla en El Salvador, por eso está tratando de reunirse con sus familiares en el área de Kansas City.

"La lucha vale la pena", dijo el domingo.

La CBP tiene espacio para unas 300 personas en el cruce fronterizo de San Diego.

Como antes cuando hemos tenido que restringir el número de personas a las que podemos recibir y procesar en un momento dado, esperamos que esta situación sea temporal, dijo la agencia.

Cuando la llegada de haitianos se incrementó en el cruce de San Diego en 2016, la CBP hizo esperar a la gente más de cinco semanas en México. Desde entonces, los aumentos leves de mexicanos que solicitan asilo han causado demoras de varias horas.

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Los periodistas de The Associated Press Gerardo Carrillo en Tijuana y Jill Colvin en Washington contribuyeron a este despacho.