El 19 de abril del presente año (2018) Nicaragua despertó sin apenas presentir el giro que su situación socio-política daría gracias a la hidalguía de un grupo de estudiantes universitarios que sabiendo interpretar el sentir de todo un pueblo se volcaron a las calles a exigir entre otras cosas la derogación de una onerosa reforma a la seguridad social que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizaron como medida para "salvar" el sistema de pensiones gravemente afectado producto de la corrupción y despilfarro de su gobierno. Los universitarios salieron a las calles sin más armas que sus mochilas cargadas de cuadernos y lápices y uno que otro grito de consignas en contra de la injusticia estatal. La respuesta del régimen sin embargo, fue desproporcionada.
Al constatar el régimen que los principales recintos universitarios del país servían de trincheras de protesta para los estudiantes universitarios, sin miramientos ni mediaciones ordenaron a grupos paramilitares afines al orteguismo y a la fuerza policial que actúa como fuerza pretoriana de Daniel Ortega y Rosario Murillo, salir a "cazar" a los insurrectos estudiantes. Empezamos a ver los ciudadanos con estupor entonces a estudiantes de uno y otro lado de la geografía nacional con sus ojos vaciados (tuertos) por causa de los disparos de caucho y balines por parte de las fuerzas represoras, en cuestión de horas eran decenas de heridos y mutilados producto de la represión.
El pueblo al presenciar el uso desproporcionado de la fuerza, y sin un solo llamado al diálogo por parte del gobierno y tras constantes mensajes oficialistas de descalificación a la protesta pacífica y a los protestantes a quienes Rosario Murillo llamó "Delincuentes y pandilleros" "Grupos minúsculos de la derecha" "Vampiros y mezquinos", se volcó a las calles en un hecho sin precedente en los once años de gobierno Orteguista. La población levantó barricadas, se atrincheró, empezó a acopiar agua, alimentos y medicinas para los estudiantes en protesta, y en cosa de horas el país se revolucionó por completo. Entonces nos sobrevino el terror y la violencia gubernamental. En las periferias de los recintos universitarios la policía llegó disparando sin control balas de goma de plomo y bombas con gas asfixiante.
Con esta desmedida represión la estadística de víctimas se extendió incluyendo a niños, ancianos y pobladores civiles de los barrios en protesta solidaria con los estudiantes. Tras cada hora los pocos noticieros independientes del país nos daban cuenta del horror de los estudiantes que caían abatidos por balas disparadas tanto por las fuerzas paramilitares de la juventud sandinista al servicio del régimen Orteguista como por la fuerza policial que tiraba a matar. Hora a hora vimos con impotencia, estupor e inmenso dolor incrementar la cifra de muertos. También conocimos de capturados por la policía y las fuerzas paramilitares para ser sometidos a torturas y cárcel, contraviniendo las leyes de la república y el respeto a los Derechos Humanos de los capturados, de esos capturados aún hoy hay decenas de desaparecidos de los que las fuerzas del orden no dan cuenta.
Tanta sangre, tanta locura, tanta saña y tanta maldad por parte del régimen. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a los médicos del sistema público de salud no atender a los estudiantes y pobladores heridos durante las protestas, así murió por falta de atención médica el más joven de los estudiantes insurrectos, Álvaro Conrado, un niño de 15 años que salió de su casa sin avisar a sus padres hasta la catedral de Managua para apoyar la protesta en un centro de acopio de agua, víveres y medicinas. A Álvaro le dispararon una bala de plomo en el cuello, inmediatamente fue trasladado por estudiantes y pobladores hasta el hospital cruz azul en donde le negaron atención médica a pesar del delicado estado en que llegó, tras la negativa de este centro hospitalario fue llevado al hospital Bautista (privado) donde murió durante una cirugía que no resistió.
Luego, llegó la censura el cierre de medios de comunicación independientes y los paramilitares pro gobierno y policía, favorecieron los saqueos de supermercados y negocios comerciales en un intento de inculpar a los protestantes y deslegitimizar de esa forma la lucha cívica en contra del autoritarismo gubernamental, sin embargo, la población a través de las redes sociales documentó los hechos evidenciando, la participación de las fuerzas de choque del gobierno en tan bochornoso hecho. Al día de hoy el régimen Ortega Murillo no ha pedido perdón por la masacre en la que se cuentan 63 muertos y contando, más, 20 desaparecidos y casi 200 presos políticos. No hay luto oficial, ni decreto de duelo por estos muchachos asesinados en un acto de brutal e inexplicable genocidio. El gobierno Ortega Murillo frívolamente ha llamado a un diálogo nacional para "volver a la paz" mientras tanto desde el pueblo y a una sola voz insistimos ante el régimen; "Eran estudiantes, no eran delincuentes"
