Italia extradita al exgobernador Tomás Yarrington a EEUU

BROWNSVILLE, Texas, EE.UU. (AP) El exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba fue extraditado de Italia a Estados Unidos para que enfrente cargos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario, informaron el viernes autoridades estadounidenses.

De 1999 a febrero de 2005, el exfuncionario gobernó Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país, limítrofe con Texas hacia el norte y con el Golfo de México hacia el este. Italia lo detuvo el 8 de abril de 2018 bajo una orden de arresto de Estados Unidos.

Los fiscales dicen que Yarrington, de 61 años, recibió millones de dólares en sobornos del cártel del Golfo desde 1998 y a cambio permitió que los traficantes introdujeran grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Comenzó a recibir los pagos cuando era candidato a gobernador y estos continuaron después de que concluyó su período en diciembre de 2004, según el acta acusatoria.

En el acta también se afirma que Yarrington se involucró en el narcotráfico de 2007 a 2009.

Los fiscales alegan además que el exgobernador recolectaba sobornos de operaciones comerciales y estuvo involucrado en la adquisición de activos valiosos en Estados Unidos, tales como cuentas bancarias y residencias. En el acta se afirma que, al acercarse el fin de su período como gobernador, Yarrington se apoderó de fondos públicos robados que posteriormente fueron utilizados para adquirir un jet privado.

Otro hombre que fue acusado formalmente con Yarrington _Fernando Cano Martínez, también de 61 años, quien está prófugo_ está acusado de pagarle sobornos a Yarrington a cambio de contratos de obras públicas para su firma constructora. Una forma en la que pagaba los sobornos era con la adquisición de bienes raíces para Yarrington por medio de prestanombres.

Las autoridades estadounidenses confiscaron un apartamento totalmente amueblado en la playa de South Padre Island, en Texas, así como un avión privado, una casa de dos millones de dólares en McAllen y dinero en efectivo en una cuenta bancaria en Bermuda. Lo que se obtiene de las confiscaciones suele destinarse a las agencias policiales involucradas en los casos.

En los documentos de la corte no se nombran abogados para ninguno de los dos acusados.