HRW denuncia injerencia de expresidente Correa en justicia
QUITO (AP) El expresidente Rafael Correa tuvo injerencia en la justicia ecuatoriana especialmente en los casos con implicaciones políticas, denunció el viernes Human Rights Watch.
La organización con sede en Nueva York afirmó que revisó documentación, informes de prensa y reportes de varias organizaciones de derechos humanos que sugieren de manera contundente la existencia de un patrón de acciones gubernamentales orientadas a presionar o coaccionar al Poder Judicial en su manejo de casos importantes durante el gobierno de Correa (2007-2017).
En un comunicado Human Rights Watch afirmó que varios funcionarios judiciales denunciaron que recibieron reiterados llamados del Consejo de la Judicatura u otras oficinas del gobierno advirtiéndoles que si quería mantenerse en el cargo, tenía que ser obediente. Quienes no accedían a las instrucciones del gobierno sufrían represalias, que en varios casos llegaron a la destitución.
El Consejo de la Judicatura es el organismo rector de la justicia ecuatoriana, dirigido en los últimos años por un cercano colaborador de Correa, Gustavo Jalkh, quien fue su ministro de Justicia y ministro del Interior.
Entre las irregularidades halladas Human Rights Watch mencionó que ese Consejo destituyó jueces aplicando una disposición imprecisa del Código Orgánico de la Función Judicial. Entre 2013 y 2017 un total de 145 magistrados fueron sancionados por este motivo.
La organización tampoco encontró evidencias de esfuerzos genuinos por parte de la Fiscalía General para investigar los señalamientos de coerción e intromisión política sobre el Poder Judicial.
El Consejo de Participación Ciudadano Transitorio -el organismo que escoge y nombra a las autoridades del Consejo de la Judicatura- analiza la gestión del cuestionado Consejo y dispuso la suspensión de todos los concursos para designar nuevos funcionarios de justicia, tras recibir decenas de denuncias de presuntas irregularidades.
Durante del gobierno de Correa fueron enjuiciados, entre otros, decenas de dirigentes indígenas, de organizaciones sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y periodistas, a los cuales la justicia solía procesar especialmente por sabotaje y terrorismo.