Argentina: ONU denuncia torturas y uso abusivo de armas
BUENOS AIRES (AP) Hacinamiento inhumano en celdas, torturas y uso abusivo de armas de fuego son algunas de las muestras del maltrato que prevalece entre las fuerzas de seguridad y el sistema carcelario de Argentina, según un informe presentado el viernes.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura, Nilson Melzer, dijo en una conferencia de prensa luego de visitar Argentina en las últimas dos semanas que aunque se ha recorrido un largo camino desde el oscuro período de la dictadura militar de 1976 a 1983 gracias al castigo a los responsables parte de la arquitectura opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad.
Estas prácticas podrían colocar al país nuevamente en un círculo vicioso con una sociedad marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso.
Melzer dijo haber mantenido un diálogo franco con distintas autoridades que cooperaron abiertamente y que constató el sufrimiento de numerosos reclusos, indígenas y activistas por los derechos humanos que compartieron sus historias durante las visitas que realizó a cárceles, comisarías y centros psiquiátricos en esta capital y las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Formosa.
El relator consideró que las autoridades deben actuar ya e indicó que aunque son conscientes de las condiciones de maltrato no parecen tener una solución.
Apelo a la sociedad argentina y a las autoridades de estar a la altura de los logros históricos y rechazar toda forma de tortura, inhumanidad, exhortó el funcionario al presentar sus observaciones y recomendaciones preliminares que serán incluidas en un informe final que presentará en 2019 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Melzer hizo hincapié en las condiciones de detención totalmente incompatibles con la condición humana que sufren reclusos en comisarías y penitenciarías provinciales.
Por ejemplo -apuntó- en el establecimiento penitenciario 9 de Córdoba celdas de tres metros por cuatro contienen 10 reclusos encerrados durante 16 horas por día sin instalaciones sanitarias, luz artificial ni espacio para moverse. Comen en la cama. Orinan y defecan en recipientes plásticos, excepto durante dos períodos de cuatro horas diarias cuando se abren las celdas.
Los internos pueden llegar a permanecer en estas condiciones durante varios meses.
En otros lugares de detención hombres y mujeres duermen sobre el cemento o sobre el elástico desnudo de las camas en celdas infestadas de insectos o ratas, mientras que en otras celdas las canillas no funcionan, obligando a los detenidos a tomar el agua de los inodoros que utilizan para orinar y defecar.
De continuar este tipo de situaciones Argentina sería responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, señaló Melzer.
El funcionario instó a las autoridades a destinar recursos para mejorar las condiciones de detención y aplicar medidas de arresto alternativas.
Al respecto cuestionó el uso excesivo de la prisión preventiva en el país, por periodos de hasta cinco años, como medida de rutina dictada por el Poder Judicial en respuesta a cualquier sospecha de delito.
Melzer destacó que en promedio, 60% de la población privada de su libertad... está detenida preventivamente.
También apuntó que la población carcelaria se ha triplicado prácticamente en las últimas dos décadas, lo que resulta en una situación crónica de superpoblación.
En lo que se refiere a la violencia de las fuerzas de seguridad y carcelarias el relator indicó que parece ser generalizada y la impunidad enorme y fue constatada por un experto forense en los lugares visitados.
Personas afirmaron haber sufrido golpizas y técnicas de asfixia como el submarino mojado consistente en sumergir la cabeza en agua y el submarino seco en el que se introduce la cabeza en una bolsa de plástico, así como el uso excesivo de armas de fuego durante las detenciones.
Además diversas personas de barrios marginales y comunidades indígenas denunciaron los excesos sufridos a manos de policías cuando se manifiestan en las calles, presentan reclamos y son detenidos, o cuando son obligados a confesar un supuesto delito o denunciar a otras personas.
La violencia policial y carcelaria también está dirigida contra menores recluidos que son abusados sexualmente y pacientes de hospitales psiquiátricos.