Nueva acusación de corrupción contra presidente guatemalteco

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) La fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala acusaron de corrupción el jueves al presidente Jimmy Morales y a algunos empresarios.

Oscar Schaad, fiscal de delitos electorales, dijo a The Associated Press que una investigación determinó que algunos empresarios habrían entregado más de un millón de dólares que no fueron reportados para beneficiar la campaña del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) cuando Morales era secretario general de dicho organismo, antes de llegar a ser presidente en 2016.

Más tarde, la fiscal Thelma Aldana y el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, recordaron en conferencia de prensa que esta es la segunda parte de una investigación que ambos organismos iniciaron hace tiempo contra Morales por el mismo tema. Según explicaron, en la primera parte del proceso se determinó que el presidente ocultó información financiera de su partido por más de un millón de dólares provenientes de financiamiento ilícito. Por ello, el monto que suman las dos investigaciones en total asciende a 15 millones de quetzales (poco más de dos millones de dólares).

Aldana no descartó que se presente una nueva solicitud de retiro de la inmunidad del mandatario, pero dijo que aún esperan recabar más información.

Esta es la tercera ocasión en que la justicia guatemalteca involucra a Morales en hechos de corrupción. Antes se le acusó una vez por financiamiento electoral ilícito y una más por recibir sobresueldos por 61 mil dólares del Ejército de Guatemala. Ninguno de los casos pudo investigarse porque el Congreso y la Corte Suprema de Justicia lo protegieron a pesar de que la fiscalía y la CICIG pidieron retirarle su inmunidad.

La primera acusación se hizo en agosto de 2017. Acto seguido, Morales intentó expulsar a Velásquez del país, pero la Corte de Constitucionalidad protegió al comisionado y prohibió su salida.

Heinz Heimann, vocero presidencial, dijo que el mandatario hace un llamado al sector empresarial a que siga invirtiendo en el país.

El portavoz indicó que no es posible permitir que haya distractores que nos desvíen del camino hacia una Guatemala mejor, consideró que la investigación es inconclusa y exhortó a la unidad nacional.

Javier Hernández, jefe de la bancada del partido oficialista en el Congreso, dijo a periodistas que la nueva acusación de la fiscalía contra el presidente es más un ataque político que legal, y aseguró que el Comité Ejecutivo del partido se reunirá para tratar el tema.

Schaad, fiscal de delitos electorales, explicó a la AP que durante su investigación más reciente la fiscalía determinó que existieron tres tipos de financiamientos: el reportado, el no reportado pero establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el no reportado y no establecido, el cual es anónimo e ilícito.

Hemos detectado que hubo financiamiento que simplemente no fue declarado al Tribunal y que por distintas razones el Tribunal no lo detectó, que es la parte en la que se enfocó la investigación, dijo el fiscal, y agregó que los involucrados establecieron un mecanismo que canalizó el financiamiento a través de empresas para financiar directamente al partido.

Velásquez relató que a través de los testimonios de dos empresarias _Paulina Paiz Riera y Olga Méndez López_ se determinó que los empresarios se habrían reunido con Morales para establecer la entrega del financiamiento.

Según estas declaraciones, el dinero habría sido recolectado por los también empresarios Salvador Paiz del Carmen y Rodrigo Arenas antes de ser entregado al excoronel Edgar Ovalle, fundador del FCN y hombre de confianza de Morales.

Ovalle había sido electo como diputado oficialista, pero está prófugo de la justicia mientras es investigado por la muerte y desaparición de indígenas y campesinos durante la guerra civil en Guatemala, la cual se extendió de 1960 a 1996.

Ninguno de los empresarios señalados fue detenido, pero la fiscalía dijo que se solicitó su declaración ante un juez.

En una declaración ante medios de comunicación, Salvador Paiz del Carmen reconoció los ilícitos cometidos por los empresarios involucrados y ofreció disculpas a Guatemala, a nuestras empresas y accionistas, a nuestros colaboradores y sobre todo a nuestras familias. Usuarios de las redes sociales criticaron a la fiscalía y la CICIG por no haber solicitado la captura de los involucrados.

Paiz Riera y Méndez López agregaron que el dinero recolectado se entregó a través de compañías y habría servido para pagar a fiscales electorales del FCN que vigilaron las urnas en la primera y segunda vuelta electoral. También dijeron que Morales propuso no reportar los montos.

Las testigos fueron declaradas culpables mediante procedimiento abreviado debido a que contribuyeron a la investigación y confesaron su participación en el ilícito.

Algunas de las compañías que habrían entregado recursos al partido gobernante son: Banco Industrial, Cementos Progreso, Inversiones Nuevas, S.A., Negocios Bursátiles Consolidados y los ingenios azucareros San Diego, Santa Ana, Pantaleón, Palo Gordo.

Esta nueva acusación cobra relevancia, ya que actualmente los diputados intentan reformar la ley para disminuir las penas y eliminar delitos, cambios que beneficiarían a los empresarios involucrados. Sin embargo, Velásquez llamó el jueves a los legisladores a que no hagan amnistías disfrazadas ante intentos de reformar la ley y dijo que la fiscalía solicitará al TSE la cancelación del partido oficial.