Venezuela rechaza sanciones de Panamá y Suiza

CARACAS (AP) ??? El Tribunal Supremo de Justicia rechazó el lunes las sanciones que Panamá y Suiza impusieron a Venezuela y acusó a ambos países de subordinarse descaradamente a las políticas de Estados Unidos.

El máximo tribunal venezolano afirmó en un comunicado en su página web que los gobiernos de Suiza y Panamá se sumaron a las prácticas "desestabilizadoras e intimidatorias auspiciadas" por Washington y sus aliados, con el propósito de socavar la soberanía y la independencia de Venezuela.

El 22 de marzo, Suiza impuso sanciones a Venezuela que incluyeron la prohibición de la venta, exportación y tránsito de bienes de equipamiento militar e insumos con "fines represivos".

Horas antes el lunes, el canciller venezolano Jorge Arreaza entregó al embajador de Suiza en Caracas, Didier Chassot, una nota en la que rechaza las medidas, que prohíben además la venta de equipamiento y tecnología que puedan servir a la vigilancia o para interceptar comunicaciones telefónicas o de internet.

Ocho días después, Panamá incluyó al presidente Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes venezolanos en una lista de ???alto riesgo??? para cometer lavado de dinero, y recomendó a bancos e instituciones financieras a extremar la supervisión de transacciones que involucren a esas personas.

La resolución de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá incluye a 55 personas y 16 empresas de Venezuela. Es la primera vez que Panamá _ uno de los centros financieros y de negocios más importante en América Latina_ incluye a Maduro y a varios de sus colaboradores más cercanos en una resolución de este tipo.

Panamá y Suiza se suman a Estados Unidos y a algunas naciones europeas que han impuesto sanciones financieras contra integrantes del gobierno de Maduro.

Una semana antes de las sanciones suizas, Washington prohibió a los estadounidenses hacer transacciones con la nueva moneda virtual del gobierno venezolano, llamada petro, y reiteró la amenaza de sanciones adicionales en caso de que el gobierno no libere a los prisioneros políticos y garantice justicia y transparencia en los próximos comicios presidenciales.