Tribunal revoca arresto domiciliario de represor argentino

BUENOS AIRES (AP) El ex policía Miguel Etchecolatz, un símbolo de la última dictadura militar en Argentina que desató una ola de repudio al obtener el arresto domiciliario, volverá a la cárcel para cumplir cadena perpetua por múltiples delitos de lesa humanidad.

La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, que hizo lugar a los recursos de apelación presentados por querellantes y una fiscal contra un fallo previo que le había permitido a Etchecolatz, de 88 años, continuar su encierro en una residencia familiar situada en un barrio de clase media alta en la ciudad balnearia de Mar del Plata, unos 400 kilómetros al sur de la capital argentina.

Etchecolatz, quien tuvo a su cargo varios centros clandestinos de detención y tortura en Buenos Aires, ha ido sumando condenas a prisión perpetua en diversas causas por delitos de lesa humanidad que se reactivaron a partir de 2003 cuando el Congreso declaró nulas dos leyes de amnistía que protegían de la justicia a los ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad.

No obstante, la justicia le concedió el arresto domiciliario en diciembre atendiendo a su edad y dolencias de salud, entre ellas las secuelas de un accidente cerebrovascular que sufrió en agosto. La medida generó el repudio de organismos de derechos humanos y de muchos vecinos de la vivienda, entre ellos algunos sobrevivientes del régimen de facto de 1976 a 1983.

Hacer lugar a los recursos de casación interpuestos... y en consecuencia, revocar la resolución impugnada dejándola sin efecto, resolvió la Cámara de Casación.

El caso del ex policía parecía motorizar un cambio de época en la justicia argentina respecto de si los condenados por delitos de lesa humanidad podían ampararse en la ley que fija los 70 años como edad límite para permanecer encarcelado en una prisión. Hasta hace dos años los tribunales se inclinaban mayormente por rechazar el beneficio de la prisión domiciliaria.

Con la salida del poder de Cristina Fernández (2007-2015), ferviente promotora de los juicios por los crímenes cometidos durante el régimen de facto, esta tendencia se había revertido: más de la mitad de los imputados por estos delitos están bajo arresto domiciliario, según un informe de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad de octubre de 2017.

No obstante, el fallo de Casación pone un freno y advierte a los tribunales inferiores sobre el proceder en estos casos.

Tanto la concesión como el rechazo de un pedido de prisión domiciliaria no resulta de la aplicación ciega, acrítica o automática de doctrinas generales sino que debe estar precedida de un estudio sensato, razonado y sensible de las particularidades que presenta cada caso, opinó en su fallo el juez de cámara Gustavo Hornos.

Respecto de Etchecolatz, su colega en el tribunal Mariano Borinsky aseveró que no se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías

Organismos de derechos humanos sostienen que la dictadura asesinó a 30.000 disidentes. Las cifras oficiales reducen ese número a unos 7.000.

A la cárcel, escribió en su cuenta de Twitter la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio acompañado por una fotografía de Etchecolatz esposado. Otros organismos de derechos humanos y movimientos sociales también celebraron la noticia.