Grupos: Duterte no puede evitar responsabilidad dejando CPI
MANILA, Filipinas (AP) El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y los funcionarios de su gobierno podrían ser procesados en la Corte Penal Internacional (CPI) por los miles de asesinatos de su campaña contra las drogas hasta que la decisión de abandonar el tribunal se haga efectiva en el plazo de un año, dijeron grupos de derechos humanos el jueves.
La decisión de Duterte de retirar con efecto inmediato la ratificación del Estatuto de Roma, el tratado global que creó la CPI, no busca eludir responsabilidad alguna, sino que es una protesta contra la acción de una fiscal del tribunal, que comenzó a estudiar una queja contra el mandatario pese a que las cortes filipinas siguen funcionando, dijo el portavoz presidencial, Harry Roque Jr.
El organismo internacional, que se estableció en 2002 en La Haya, solo puede intervenir cuando un estado es incapaz o no está dispuesto a investigar y procesar a los responsables de delitos como crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión o atrocidades de guerra.
"Está muy, muy claro que nuestros tribunales están funcionando y nadie puede escapar a sus responsabilidades, incluyendo el presidente, explicó Roque en una conferencia de prensa. La CPI es solo un tribunal de último recurso. Los tribunales de jurisdicción primaria deberían ser los nacionales.
El presidente de Filipinas tiene inmunidad ante demandas presentadas en el país mientras ocupa el cargo, pero dos jefes de Estado filipinos fueron procesados y detenidos inmediatamente después de abandonar el puesto, recordó Roque para demostrar el funcionamiento de la justicia en la nación asiática.
La fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció el mes pasado la apertura de una investigación preliminar ante la denuncia de un abogado filipino sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales derivadas de la campaña antidroga de Duterte, que podrían constituir crímenes contra la humanidad. En 2016, Bensouda dijo estar profundamente preocupada por los reportes de violencia y las declaraciones de altos funcionarios del país que parece que condonan estos asesinatos.
Human Rights Watch señaló que la CPI puede seguir procesando los atroces delitos cometidos en Filipinas hasta que se complete la salida un año después de que Duterte notifique al secretario general de Naciones Unidas.
"La declaración de Duterte pone de manifiesto la necesidad urgente de una investigación encabezada por Naciones Unidas sobre los asesinatos en la guerra contra las drogas, señaló en un comunicado el grupo de monitoreo con sede en Estados Unidos. "Una pesquisa de la ONU se sumaría a la presión internacional sobre el gobierno de Duterte para parar los asesinatos y para cooperar con los esfuerzos de llevar a los responsables ante la justicia, también ante la CPI.
Tindig Pilipinas, una organización no gubernamental, dijo que a pesar del duro discurso del dirigente, su decisión fue una señal clara de su suprema cobardía para enfrentar un tribunal independiente sobre el que no podría influir.
"De todas las fanfarronadas del presidente Duterte durante este asunto de la CPI destaca una: tiene un miedo mortal al largo brazo de la CPI, señaló el grupo.
Más de 4.000 sospechosos de traficar o consumir drogas, la mayoría pobres, fallecieron en la ofensiva antidroga ordenada por Duterte, de acuerdo con los datos de la policía nacional, aunque los grupos de derechos humanos reportaron un número mayor de víctimas. Según el dirigente, las muertes no constituyen crímenes contra la humanidad ni genocidio.
