El Salvador: expresidente de banco estatal irá a juicio
SAN SALVADOR (AP) El expresidente de un banco estatal de El Salvador y un antiguo directivo de un programa de internet público deberán de enfrentar un juicio por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador admitió el jueves las pruebas presentadas por el Ministerio Público, contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Ernesto Angelucci, y el exdirector ejecutivo de la empresa Infocentros, Sigfredo Armando Figueroa Salinas, acusados de la supuesta malversación de fondos públicos por alrededor de seis millones de dólares a través de negociaciones ilícitas.
Según la acusación de la Fiscalía, se habrían dado irregularidades en la financiación por parte de banco estatal a Infocentros, un programa lanzado con el objetivo de que la población conociera las bondades del Internet.
El caso se remonta a las pasadas administraciones de los fallecidos expresidentes Armando Calderón Sol (1994-1999 y Francisco Flores (1999.2004), los dos del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
En la acusación, la Fiscalía asegura que Angelucci facilitó que Infocentros se incorporara en el Convenio de Red de Desarrollo y se apropió a favor de dicha asociación de más de seis millones de dólares. En cuanto a Figueroa Salinas, se afirma que representó a Infocentros durante la vigencia de todos los convenios y firmó la documentación necesaria para que Angelucci lograra la apropiación de fondos a favor de la empresa.
Angelucci era miembro del comité calificador del BMI que autorizaba los desembolsos del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (Fecepe), durante el gobierno de Flores.
En la administración del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) se puso un aviso ante la Fiscalía General sobre supuestas irregularidades cometidas en el manejo de los fondos Fecepe.
Angelucci, que al igual que Figueroa Salinas, enfrentan el juicio en libertad, ha calificado la acusación en su contra como una aberración jurídica, porque no tiene sustento jurídico ni sustento probatorio. No existe delito.
De ser encontrados culpables, podrían recibir condenas de doce a quince años de prisión por el delito de peculado, y de dos a cinco años por asociaciones ilícitas.
