Justicia de EEUU incrementa presión sobre ciudades santuario

WASHINGTON (AP) El Departamento de Justicia de Estados Unidos incrementó el miércoles la presión sobre las llamadas ciudades santuario que piden fondos para la seguridad pública, y les advirtió que podría obligarlas legalmente a demostrar que cooperan con las autoridades federales de inmigración.

La acción del departamento provocó reacciones inmediatas por parte de los alcaldes de todo el país, quienes anunciaron que no asistirían a una reunión programada en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump para el miércoles por la tarde.

Trump respondió con acusaciones a los alcaldes inconformes de que están poniendo las necesidades de los inmigrantes ilegales delincuentes por encima de los estadounidenses que cumplen con la ley.

Los funcionarios federales enviaron cartas a casi una veintena de jurisdicciones en las que amenazaron con emitirles citatorios judiciales si no entregan documentos para demostrar que no están ocultando información sobre la ciudadanía o el estatus inmigratorio de las personas que están en prisión.

La dependencia ha amenazado en repetidas ocasiones con negar millones de dólares en subvenciones a las comunidades que se nieguen a cumplir con un estatuto federal que requiere que compartan esa clase de información con las autoridades federales. El gobierno de Trump ha prometido sancionar a las ciudades y estados que se nieguen a colaborar con la aplicación de las leyes de inmigración.

Muchas ciudades han desafiado públicamente las amenazas, y hay demandas pendientes en Chicago, Filadelfia y el estado de California para determinar si el gobierno federal ha abusado de su autoridad al retener los fondos.

La acción emprendida por el Departamento de Justicia molestó a los miembros de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, quienes iban a analizar cuestiones de infraestructura, adicción a las drogas y otros temas en su reunión con Trump.

El alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, quien es el presidente de la conferencia, dijo en un comunicado que la decisión del gobierno de Trump de amenazar a los alcaldes, satanizar nuevamente a los inmigrantes, y utilizar a las ciudades como accesorios políticos en el proceso, ha hecho de esta reunión algo insostenible.

La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos está orgullosa de ser una organización bipartidista. Pero un ataque a los alcaldes que dirigen ciudades de puertas abiertas es un ataque a todos los que formamos parte de la conferencia, indicó Landrieu.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el de Denver, Michael Hancock, dieron a conocer sus boicots en Twitter.

No asistiré a la reunión de hoy en la Casa Blanca luego de que el Departamento de Justicia de @realDonaldTrump decidiera reiterar su ataque racista a nuestras comunidades de inmigrantes, advirtió De Blasio.

Ese tipo de medidas no nos hace más seguros y viola los valores fundamentales de Estados Unidos, agregó.

Hancock dijo que tenía cosas mejores que hacer que participar en una oportunidad para sacarse la foto con 45 personas mientras él (Trump) vuelve a amenazar a las ciudades.

Sin embargo, muchos alcaldes sí asistieron. En declaraciones frente al grupo, Trump criticó a los que boicotearon.

Mi gobierno está comprometido a proteger a los estadounidenses inocentes, y los alcaldes que eligieron boicotear este evento han puesto las necesidades de los inmigrantes ilegales delincuentes por encima de las de los estadounidenses que cumplen con la ley, afirmó.

Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca, dijo que si los alcaldes tienen un problema con las acciones del Departamento de Justicia, deberían hablar con el Congreso, con la gente encargada de aprobar las leyes. El Departamento de Justicia las aplica, y mientras esa sea la ley, lo va a hacer con firmeza.

En cuanto a los alcaldes, Sanders señaló que la Casa Blanca estaría encantada de trabajar con ellos, pero no podemos permitir que la gente elija las leyes que quieren cumplir.

Si tenemos un país sin leyes, entonces ya nada importa, agregó.

Las 23 jurisdicciones que recibieron cartas el miércoles incluyen ciudades en California, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Mississippi, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Vermont y Washington. Las autoridades dijeron que a esas urbes ya se les había advertido que necesitan proporcionar información sobre sus políticas para tener derecho a recibir subvenciones, las cuales se utilizan para pagar desde los chalecos a prueba de balas hasta las horas extras de los agentes.

Algunos funcionarios locales se comprometieron a defenderse del gobierno, como la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, ex fiscal federal. Otros prometieron cooperar, como Xavier Becerra, secretario de Justicia de California, quien dijo que las jurisdicciones en su estado no tendrían ningún inconveniente en proporcionar la nueva información para mostrar que están cumpliendo con las leyes federales.

El secretario de Justicia Jeff Sessions ha culpado a las políticas de las ciudades santuario por los delitos y la violencia de las pandillas, y el miércoles afirmó que hemos visto demasiados ejemplos de la amenaza a la seguridad pública que representan las jurisdicciones que activamente frustran las acciones del gobierno federal para controlar la inmigración. Ya basta.

Pero los defensores de las acciones de las ciudades santuario dicen que, de hecho, esas medidas mejoran la seguridad pública al promover la confianza entre las agencias policiales y las comunidades de inmigrantes, y permiten dedicar los escasos recursos policiales a otras necesidades más urgentes de combate a la delincuencia.