Nerviosismo en Honduras por posible fin de TPS

TEGUCIGALPA (AP) La noticia de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump pondrá fin al Estatus de Protección Temporal de 200.000 migrantes procedentes de El Salvador también está poniendo nerviosa a la vecina Honduras.

Se espera para julio una decisión sobre el destino de más de 50.000 hondureños que viven en Estados Unidos amparados por el TPS (siglas en inglés del programa), una decisión que podría tener graves consecuencias sociales, económicas y políticas para la nación centroamericana.

Los expertos dicen que, al igual que en El Salvador, el regreso de decenas de miles de personas _junto a la llegada potencial de un número incalculable de sus hijos nacidos en Estados Unidos_ amenaza con exacerbar problemas ya graves como las altas tasas de homicidios y otros delitos, la inestabilidad política, la pobreza generalizada y la desigualdad en los ingresos.

"La salida de tantos compatriotas de Estados Unidos sería una bomba social que explotará de inmediato en Honduras", dijo a The Associated Press el analista Raúl Pineda Alvarado.

Tal vez de manera más inmediata se produciría un golpe a las remesas, que normalmente representan alrededor del 20% del producto interno bruto del país, aunque la mayoría de ellas son enviadas por hondureños que no se verían afectados por la cancelación del TPS.

Miles de millones de dólares enviados a casa cada año ayudan a las familias hondureñas a alimentar y vestir a sus niños, comprar un coche, construir una casa modesta y mantener las luces encendidas. Estos gastos llegan entonces a la economía en general.

Olga Martínez, una trabajadora de aseo de 42 años de edad y residente en Tegucigalpa, cuenta con los 150 dólares mensuales que recibe de dos hijos que están en Estados Unidos amparados por el TPS. Es una suma significativa en un país en el que cerca del 65% de la población es pobre y muchos se las arreglan para vivir con el equivalente a un dólar o dos al día.

"Si ese dinero me falta, no sé qué haré, dijo Martínez. "Mi vida será muy difícil porque ellos se vendrán y aquí no hay trabajo".

Estados Unidos decretó el TPS para los hondureños después de que el huracán Mitch fustigara el país en 1998, lo que dejó unos 7.000 muertos y devastó el sector agrícola. La medida ha permitido a los migrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Al igual que con otros países, se suponía que estaría vigente hasta que las condiciones causadas por el desastre mejoraran en el país de origen. Sin embargo, con el paso de los años, los diversos gobiernos estadounidenses lo mantuvieron funcionando, por creer que otros problemas, como la pobreza, la corrupción y la violencia generada por las pandillas, habrían dificultado que el país reabsorbiera a esos ciudadanos.

El gobierno de Trump ha dejado claro que pondrá nuevamente el énfasis en la palabra temporal mientras evalúa el TPS, retirándolo a cerca de 46.000 haitianos y 2.500 nicaragüenses en noviembre y ahora a los salvadoreños. En noviembre del año pasado, retrasó la decisión sobre los hondureños por seis meses bajo el argumento de que necesitaba más información.

Las tasas de homicidio en Honduras y El Salvador tuvieron una caída significativa el año pasado, aunque ambas continúan siendo de las más altas del mundo. Las pandillas callejeras conocidas como maras se han extendido y tomado como víctimas a los pequeños negocios y a las familias a través de la extorsión.

En los dos países la violencia está todavía en niveles epidémicos, dijo Christine Wade, profesora de ciencias políticas y estudios internacionales en el Washington College de Maryland. Así que prácticamente estarías regresando a la gente a países con un nivel de inseguridad muy alto.

Pineda indicó que la oleada de beneficiarios del TPS que regresen _además de los migrantes que sean deportados bajo una postura de inmigración más agresiva de Estados Unidos_ amenaza con aumentar las filas de desempleados y subempleados, lo que agravaría la desigualdad económica y produciría niveles altos de ingobernabilidad.

Honduras ya se encuentra en medio de una inestabilidad política luego de una disputada elección presidencial en noviembre en la que el presidente Juan Orlando Hernández ganó un nuevo mandato y su oponente alegó que se había cometido fraude. Al menos 17 personas murieron el mes pasado durante las protestas sobre la votación.

Teniendo en cuenta cómo manejaron la última elección, no creo que haya ninguna evidencia de que el gobierno del país pueda gestionar el regreso de 50.000 o 60.000 ciudadanos hondureños y miles de sus familiares en un futuro cercano, explicó Michael Allison, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Scranton en Pensilvania. El país y las condiciones tanto políticas como económicas están peor allí en la actualidad de cómo estaban en 1998, cuando Mitch golpeó el territorio.

Incluso el sistema de educación de Honduras se enfrentaría a una dura prueba al tener una afluencia de niños que no están acostumbrados a tener clases en español, con pocos recursos disponibles para atender sus necesidades.

Allison dijo que prevé que no todos los 50.000 beneficiarios hondureños del TPS regresen a su país de origen, y algunos probablemente se quedarán de forma ilegal y vivirán al margen de la sociedad. Otros podrían irse a Canadá o a otro país, y unos cuantos buscarían obtener la residencia a través del matrimonio o bajo el patrocinio de los empleadores.

Sin embargo, el gobierno de Hernández claramente ve la decisión de El Salvador como un presagio y se prepara para recibir el impacto.

A los hondureños se nos dio una oportunidad de seis meses más para tomar la decisión, a los salvadoreños no, señaló Hernández el lunes. Sin embargo, tenemos que ir preparando la eventualidad de que los compatriotas tengan que regresar.

Debemos pensar en cómo les abrimos las puertas y cómo ingresan ellos, sus bienes y recursos libres de impuestos para que reinicien una vida con mayores facilidades en Honduras, agregó.

Al igual que los salvadoreños beneficiarios del TPS _a quienes se les dio un tiempo de gracia hasta septiembre de 2019 para que abandonen el territorio de Estados Unidos_, ahora Honduras espera una legislación en materia de inmigración más amplia que incluya asistencia para los beneficiarios del TPS. Hernández puntualizó que su gobierno cabildea agresivamente al de Trump y a los legisladores estadounidenses.

Es que es el Congreso de Estados Unidos la pieza clave para los 56.690 tepesianos hondureños, ya que ellos decidirán cómo entablar una política migratoria que beneficie a los hondureños, señaló Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington.

El miércoles, el representante estadounidense Mike Coffman presentó un proyecto de ley que terminaría con el TPS al tiempo que garantiza una residencia permanente para algunas personas inscritas en el programa que cumplan ciertos requisitos.

Es posible también que Honduras reciba otra extensión de 18 meses por consideraciones políticas.

El mes pasado, Honduras fue uno de los nueve países que votaron en contra de una resolución de las Naciones Unidas que condenaba la decisión de Washington sobre trasladar su embajada en Israel a Jerusalén. Si Hernández, un político conservador visto como un fuerte aliado de Estados Unidos, decidiera tomar la misma decisión con respecto a su embajada, así como lo hizo la vecina Guatemala, podría favorecer más al gobierno de Trump.

Si lo analizas de forma racional en términos de política, tendrías que terminar el TPS con hondureños así como lo terminaste con los salvadoreños, dijo Wade. Si no lo hacen, se verá totalmente como una situación de compensación.

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Cuevas reportó desde Tegucigalpa y Orsi desde la Ciudad de México