Fin de TPS podría provocar crisis humanitaria en El Salvador

SAN SALVADOR (AP) Una deportación masiva de los 195.000 salvadoreños que residen en Estados Unidos tras el fin estatus migratorio conocido como TPS podría suponer una crisis humanitaria para el país centroamericano, estimó el lunes una autoridad migratoria.

El presidente Donald Trump anunció el mismo día que no renovará la protección legal otorgada tras los daños causados por un huracán en 1999 y un terremoto en 2001 en Centroamérica y que fue renovada en varias oportunidades. El gobierno estadounidense esgrimió que El Salvador ha recibido cuantiosa ayuda internacional y que gran parte de la infraestructura del país ha sido reconstruida, por lo que no se justifica mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Estoy aquí para anunciar la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional (Kirstjen Nielsen) de terminar con el programa de TPS para los salvadoreños. Estamos hablando de alrededor del 12% de los salvadoreños que viven en Estados Unidos, dijo en conferencia de prensa la embajadora estadounidense Jean Manes.

La diplomática señaló la gravedad del problema y dijo que detrás de cada una de estas personas con TPS hay una familia en Estados Unidos y sus familiares en El Salvador. Se estima que este grupo tiene un aproximado de 192.000 hijos en ese país.

Tras el anuncio del lunes, se precisó que los salvadoreños tendrían 18 meses de prórroga, tiempo durante el cual deberían buscar soluciones para que puedan continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos.

A pesar de la complejidad de la situación, el canciller salvadoreño Hugo Martínez expresó satisfacción por esta prórroga. Quiero compartir que hemos logrado 18 meses más para el TPS de nuestros compatriotas.

El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén mostró una postura similar.

Por su parte, Cesar Ríos, del Instituto Salvadoreño del Migrante, dijo en conferencia de prensa que El Salvador no está preparado para recibir a miles de salvadoreños. Una deportación masiva estaría dando un duro golpe a la economía del país, un grave golpe al grupo familiar. Esto provocaría una crisis humanitaria, agregó.

Ríos pidió buscar una solución permanente antes de que expire la vigencia del trato preferencial el 9 de septiembre de 2019.

Mientras tanto, la preocupación se entiende entre los salvadoreños. Teresa Salmerón manifestó su preocupación por la situación de sus familiares amparados por el TPS. Sigo preocupada, entiendo que no los van a sacar de ahorita, pero si no arreglan papeles van a tener que salir. ¿Qué van hacer ellos aquí? Aquí no hay trabajo y yo vivo del dinero que me dan.

Según estudios recientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, en 2016 la población desempleada en El Salvador era de 204.636 personas, el equivalente a una tasa del 7%.

El 97% de los salvadoreños con TPS tienen 25 años o más, una tercera parte trabaja en el área de servicios y un 22% en la construcción. A su vez, el 69% reside en Estados Unidos en viviendas de su propiedad.

Por otra parte, las remesas familiares son fundamentales para la economía del pequeño país centroamericano. Durante 2016, los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron 4.576 millones de dólares a El Salvador, un 7,6% más que en 2015. Las remesas recibidas en 2016 equivalieron al 17,1% del Producto Interno Bruto.

El gobierno salvadoreño ha puesto en marcha un plan para ayudar a sus compatriotas en Estados Unidos, donde ha contratado abogados y ha formalizado alianzas con organizaciones que defienden los derechos de los migrantes para que asesoren a los salvadoreños a que gestionen la ciudadanía estadounidense.

También se trabaja en un programa de asistencia para quienes no cumplan los requisitos que les permitirían aspirar a un estatus migratorio estable y deban retornar a El Salvador.

Después de la destrucción causada por el huracán Mitch en 1999 y los terremotos de enero y febrero de 2001 en El Salvador más de 260.000 salvadoreños fueron beneficiados con el TPS. Con el tiempo algunos mejoraron su estatus migratorio y otros perdieron el beneficio. En la actualidad sólo 190.000 lo conservan.